Tel Aviv me recuerda a Núremberg
La Knéset aprobó una ley de pena de muerte aplicada casi exclusivamente a palestinos. Analistas advierten que reproduce mecanismos históricos de exclusión legal que, paso a paso, habilitan discriminación, deshumanización y violencia.
por José Kaffman
Israel aprobó una pena de muerte que recae casi exclusivamente sobre palestinos. La historia tiene un nombre para eso.
El exterminio de millones de judíos en Europa no comenzó en los campos de concentración. Comenzó con leyes; primero se redefinió quién tenía derechos, luego se normalizó la exclusión. Después vino la persecución abierta.
El 30 de marzo de 2026, la Knéset aprobó una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por ciertos delitos calificados como terrorismo. La normativa se aplica en el marco de tribunales militares —donde son juzgados mayoritariamente palestinos— y contempla la ejecución en un plazo acotado tras la condena definitiva. Aunque la ley no menciona explícitamente a ningún grupo étnico o nacional, su arquitectura jurídica la dirige, en la práctica, hacia una sola población.
"La injusticia extrema no surge de un día para otro. Se construye paso a paso, desde la legalidad."
Las Leyes de Núremberg: cómo funciona el mecanismo
En septiembre de 1935, el régimen nazi promulgó las Leyes de Núremberg. Su lógica era simple y devastadora: crear una división jurídica fundamental entre quienes eran "ciudadanos del Reich" —con derechos plenos— y quienes quedaban reducidos a una categoría inferior sin derechos políticos. La pertenencia no se basaba en la ciudadanía cívica, sino en la "sangre", un criterio racial fijado por el Estado.
Esas leyes no solo prohibieron matrimonios y relaciones entre judíos y no judíos: institucionalizaron la segregación, cerraron el acceso a profesiones y espacios públicos, y convirtieron la discriminación en norma jurídica legítima. La ley no solo reflejó la realidad existente; la habilitó y la escaló. Lo que antes era hostilidad social se transformó en obligación legal. Y desde allí, la pendiente fue rápida: expropiaciones, deportaciones, persecución organizada, y finalmente el Holocausto.
El mecanismo en tres pasos
1. Redefinir quién tiene derechos: separar jurídicamente a la población en categorías con distintas protecciones.
2. Normalizar la exclusión: convertir la diferencia de trato en una práctica cotidiana y administrada.
3. Abrir la puerta a la persecución: una vez que un grupo queda fuera de la comunidad política, el sistema puede escalar sin obstáculos formales.
Una ley solo formalmente neutra
La nueva ley israelí no nombra a los palestinos. Pero su diseño los señala con precisión. En Cisjordania coexisten dos poblaciones bajo el control del mismo Estado: palestinos, juzgados por tribunales militares, e israelíes —incluyendo colonos—, juzgados por tribunales civiles con garantías procesales distintas. La pena de muerte se aplica en el primer sistema. No en el segundo.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo afirmó sin ambigüedades: la ley viola el derecho internacional, es discriminatoria, y podría constituir un crimen de guerra. La reacción internacional fue inmediata: Alemania, España, Francia, el Reino Unido y la propia Unión Europea expresaron preocupación grave. Ocho países de mayoría musulmana la calificaron como "una peligrosa escalada".
The Guardian la describió como "profundamente discriminatoria". Reuters informó que la ONU la considera una violación del derecho internacional. Le Monde destacó la frase del ministro Smotrich al celebrar la aprobación: "Con la ayuda de Dios, mataremos a nuestros enemigos."
Los paralelos que señalan analistas y organismos internacionales
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Leyes de Núremberg (1935) |
Legislación israelí en territorios ocupados |
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Dos categorías jurídicas para poblaciones coexistentes:
ciudadanos del Reich y súbditos sin derechos políticos. |
Dos sistemas judiciales distintos: tribunales civiles para
israelíes, tribunales militares para palestinos en los mismos territorios. |
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La pertenencia al grupo protegido o excluido no era
electiva: la determinaba el Estado por criterio de origen. |
La jurisdicción aplicable no depende del delito ni del
lugar, sino del origen nacional del acusado. |
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La ley convertía la discriminación social preexistente en
norma jurídica, legitimándola y escalándola. |
La pena capital, históricamente excepcional en Israel, se
normaliza aplicándola casi exclusivamente a una población sin las mismas
garantías procesales. |
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El marco legal creaba condiciones para que la violencia
posterior fuera posible, incluso inevitable. |
Críticos y organismos internacionales advierten que la ley
puede radicalizar el conflicto y normalizar la eliminación física del
adversario. |
Lo que no es nuevo: la devaluación de la vida palestina
Esta ley no emerge en un vacío. Durante años, figuras públicas en Israel han formulado declaraciones que relativizan o justifican la violencia contra la población civil palestina, y que han sido documentadas y ampliamente cuestionadas a nivel internacional.
"Es toda una nación la responsable... no es cierto que los civiles no estén involucrados."— Presidente Isaac Herzog, octubre de 2023
"No existe tal cosa como un pueblo palestino."— Ministro Bezalel Smotrich, declaración pública documentada
"No creo que haya inocentes... quien permanezca debe ser eliminado."— Nissim Vaturi, vicepresidente del Parlamento israelí
Estas declaraciones, documentadas por organizaciones de derechos humanos y recogidas por medios internacionales de referencia, no representan necesariamente la posición unánime del Estado israelí ni de su sociedad. Pero son expresión de corrientes que han ganado peso institucional, que priorizan objetivos territoriales por sobre consideraciones humanitarias, y que contribuyen a un clima en el que la vida palestina es percibida como menos protegida.
Cuando esa percepción no queda solo en el discurso, sino que se incorpora al derecho positivo —como ocurre con la nueva ley—, el mecanismo descrito en Núremberg avanza un escalón más.
"Cuando la ley deja de ser universal y empieza a diferenciar estructuralmente entre grupos, se entra en una zona éticamente peligrosa."
Lo que la historia enseña — y lo que nos obliga a decir
Ser rigurosos exige reconocer las diferencias. Israel no es la Alemania nazi. Tiene instituciones democráticas, debate interno activo, y controles judiciales, aunque discutidos. No hay equivalencia histórica directa, y afirmarla sería inexacto.
Pero la historia también enseña otra cosa: los mecanismos de exclusión —la diferenciación jurídica, la normalización de la desigualdad, la deshumanización del adversario— no dependen de que el proceso sea idéntico para que el peligro sea real. Dependen de que los patrones aparezcan. Y los patrones están apareciendo.
Las instituciones del multilateralismo surgidas tras la Segunda Guerra Mundial —Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, los tratados de derechos humanos— fueron concebidas precisamente para esto: para que "nunca más" no fuera solo una frase.
Hoy, frente a denuncias persistentes de violaciones graves al derecho internacional humanitario, frente a leyes que discriminan estructuralmente y frente a declaraciones que deshumanizan a una población entera, corresponde a esas instituciones activar sus mecanismos con urgencia.
No para equiparar lo incomparable. Sino porque la historia ha demostrado, con la evidencia más brutal posible, que cuando estos patrones no se interrumpen a tiempo, el costo lo pagan los más vulnerables. Y esa lección fue escrita, precisamente, con sangre judía.
