Los niños yemeníes: El escándalo que Israel no quiere recordar

Entre 1948 y 1954 miles de bebés mizrajíes desaparecieron de hospitales israelíes. Tres comisiones investigaron. Ninguna nombró a un solo responsable. Ninguna enfermera fue procesada. El informe final culpó a los padres. Los documentos clave ahora están clasificados hasta 2071.

La escena se repitió con una regularidad sin explicación. Una madre mizrají, recién llegada a Israel desde Yemen, Iraq o Marruecos, internada en uno de los campamentos de tránsito —los ma'abarot— lleva a su bebé al hospital o a la enfermería del campo porque está enfermo, o porque una enfermera insiste en que allí recibirá mejor atención.

Horas o días después, le informan que el niño murió.

No hay cuerpo que ver.

No hay tumba.

No hay certificado de defunción que tenga sentido.

Leah Aharoni buscó durante años a su hija Hannah, a quien le dijeron había muerto al nacer. Encontró un documento que afirmaba que dos bebés habían sido transportadas a Tel Aviv después de la supuesta muerte. Y encontró algo más: un segundo certificado de defunción de Hannah, con fecha tres años posterior a la muerte que le habían comunicado. Cuando llevó esas evidencias a su padre, un rabino respetado en la comunidad, la respuesta fue: "No tienes permitido pensar eso de Israel; no te quitarían una hija." El caso fue documentado por The New York Times en febrero de 2019.

El caso se conoce como el Asunto de los Niños Yemeníes, aunque involucra a familias de Iraq, Marruecos, Túnez, Libia y los Balcanes.

Es el mayor escándalo no resuelto de la historia del Estado de Israel. Y a más de setenta años de los hechos, la verdad sigue clasificada.

La magnitud y consistencia de los testimonios fue imposible de ignorar. A lo largo de cinco décadas, el Estado de Israel formó tres comisiones oficiales de investigación para examinar las desapariciones: la Comisión Bahlul-Minkowski en 1967, la Comisión Shalgi en 1988, y finalmente la Comisión Kedmi entre 1995 y 2001 — la más amplia, que examinó más de ochocientos casos durante siete años. Las tres llegaron a conclusiones similares: la mayoría de los niños había muerto. Las tres fueron cuestionadas por las familias y por investigadores independientes. Y la última clasificó sus documentos más sensibles por setenta años. Lo que sigue es lo que esas comisiones no pudieron — o no quisieron — explicar.

El método y quienes lo ejecutaron

Los testimonios recogidos durante décadas por la organización Amram —fundada por familias afectadas— describen un patrón consistente: el bebé es separado de la madre bajo algún pretexto médico; los padres no pueden verlo; les informan de su muerte; no reciben el cuerpo; no se les indica dónde fue enterrado.

Pero lo más revelador no son los testimonios de las familias. Son los testimonios de quienes ejecutaron el proceso, rendidos ante la propia Comisión Kedmi.

Sonia Milshtein era jefa de enfermeras de Ein-Shemer, uno de los mayores campamentos de absorción yemení. Ante la fiscal del Estado, Derora Nahmani, fue interrogada sobre si registraba los nombres de los bebés bajo su responsabilidad para poder relacionarlos con sus padres biológicos. Su respuesta fue directa: no lo hacía. La fiscal señaló la consecuencia lógica: "Entonces de antemano, esos niños estaban destinados a quedar sin identificar. Esto era claro de antemano." Milshtein respondió: "Esa era la realidad... punto final."

No es una admisión menor. Es la jefa de enfermeras de un campamento estatal reconociendo ante una fiscal del Estado que el proceso estaba estructuralmente diseñado para impedir que los niños pudieran ser identificados o devueltos a sus familias. En ese mismo interrogatorio, Milshtein se refirió a los bebés yemeníes como "paquetes" y "cadáveres". La Comisión no la reprendió.

Roza Kotzinski, también enfermera en Ein-Shemer, testificó ante la Comisión el 25 de octubre de 1995 con una claridad que no deja margen a la interpretación: "Yo llevaba dos o tres bebés en una ambulancia al hospital de Afula. Dejábamos allí bebés sanos. Al día siguiente preguntaba: ¿dónde están los bebés? Y me decían que habían muerto. ¿Qué quieren decir con que murieron? ¡Pero si estaban sanos, no tenían ninguna enfermedad! Hoy, cuando la gente dice que murieron, es una mentira. Fueron vendidos para adopción."

En un establecimiento distinto, el hospital Batar de Haifa, una enfermera admitió en televisión que los prospectivos padres adoptivos podían literalmente "hacer un pedido" de niños.

Cuando la Comisión solicitó los archivos de ese hospital, la respuesta fue que los documentos se habían perdido en un incendio. Los archivos de nacimiento del Hospital Hillel Yaffe fueron "accidentalmente quemados" — no en los años 50, sino a finales de los 90, durante el propio trabajo de investigación.

La Comisión no investigó la destrucción. La calificó de "fallo administrativo".

"Intentaron llevarse a mi tío recién nacido. La enfermera vino a decirle a mi abuela que su bebé no había sobrevivido. Mi abuelo fue hacia ella y gritó: '¿Dónde está mi hijo?' Y fue lo suficientemente furioso como para obligar a la enfermera asquenazí a devolvérselo."

— Testimonio de Roy Grufi — recogido por investigadores del caso

La justificación ideológica: "quizás les hicimos un favor"

Las enfermeras que separaron bebés de sus madres no se veían a sí mismas como criminales.

Ahuva Goldfarb era jefa de enfermería de todas las casas cuna de los campamentos de absorción — la figura de mayor autoridad en ese sistema.

En una entrevista con la investigadora Shoshana Madmoni-Gerber, Goldfarb resumió la lógica que guiaba su trabajo en una frase: "Quizás les hicimos un favor."

Esa frase no es una confesión de culpa. Es una justificación.

Quien la pronuncia está diciendo que entregar un niño yemení a una familia asquenazí era objetivamente mejor para ese niño que dejarlo con su familia de origen.

No se requería maldad premeditada. Se requería la convicción —completamente interiorizada, nunca cuestionada— de que una familia asquenazí cultivada era superior a una familia mizrají.

La misma lógica apareció reiteradamente en el interrogatorio de Milshtein. Cuando una periodista le preguntó si podía entender el dolor de las familias que buscaban a sus hijos después de cuarenta años, respondió: "Después de cuarenta años, yo hubiera estado feliz de que mi hijo recibiera una buena educación y una buena familia. Así es como me sentiría."

Milshtein declaró también ante la Comisión que había una ideología explícita detrás de esa práctica: "La ideología es que queremos criar niños que sean completos, sinceros, trabajadores, y que sean amigos con nosotros." Hizo referencia explícita al modelo del kibutz de crianza colectiva como justificación para separar a los niños de sus padres. No estaba describiendo caos. Estaba describiendo un proyecto.

Esa convicción no era individual ni espontánea. Era la consecuencia directa de la jerarquía racial que la élite asquenazí fundadora del Estado aplicaba sobre los judíos orientales: más cercanos al árabe, menos aptos para el proyecto modernizador del sionismo.

En ese sistema de valores, separar a un niño yemení de sus padres y entregarlo a una familia asquenazí no era un crimen. Era, literalmente, un favor.

Lo que hace esa lógica especialmente difícil de enfrentar para las propias víctimas es que operaba dentro de una comunidad que se consideraba a sí misma solidaria. Shlomi Hatuka, cofundador de AMRAM, describió a The New York Times la reacción de su abuela, quien perdió un hijo en los campamentos: "Mi abuela sabía que algo estaba mal pero, al mismo tiempo, no podía creer que un judío pudiera hacerle algo así." Esa frase captura con precisión el mecanismo que hace posibles los crímenes institucionales: la víctima no puede imaginar que la lógica que la deshumaniza pueda provenir del interior de su propia comunidad.

Los casos que rompieron el silencio

El caso más documentado y verificado es el de Tzila Levine. Nacida en 1949 de una madre yemení llamada Margalit Umaysi, fue separada de ella en el hospital por un médico de Haifa que la entregó a padres adoptivos usando documentos falsificados. Tzila creció sin saber su origen. En 1997, después de una búsqueda de veinte años, una prueba de ADN confirmó su vínculo biológico con la familia Umaysi. El caso fue ampliamente cubierto por la prensa israelí.

En 2018, las hermanas Ofra Mazor y Varda Fuchs se reunieron después de treinta años de búsqueda. Su madre, Yochevet, solo pudo amamantar a Varda una vez tras su nacimiento en un hospital israelí en 1950. Las enfermeras le dijeron que la recién nacida había muerto.

Los padres exigieron que les devolvieran a la bebé. Nunca lo hicieron.

En 2017, Mazor envió muestras de ADN a la empresa israelí MyHeritage. La confirmación llegó meses después: Varda había sido adoptada por una pareja judío-alemana en Israel y creció sabiendo que era adoptada, sin saber nada de su familia biológica. El caso fue documentado por The New York Times en febrero de 2019.

Gil Grunbaum descubrió en 1994 que era adoptado cuando su esposa notó que no existían fotos de su nacimiento, ni certificado válido, y que era físicamente mucho más oscuro que sus padres adoptivos.

Al llamar a los servicios del Estado, una funcionaria confirmó accidentalmente la adopción. La pareja fue convocada de urgencia a Tel Aviv, donde se les permitió ver brevemente dos páginas de su expediente. Sin datos de la familia biológica.

Tres comisiones, ninguna respuesta

El Estado de Israel formó a lo largo de las décadas cuatro instancias de investigación. Sus conclusiones son consistentes entre sí — y consistentemente cuestionadas.

1967   Comisión Bahlul-Minkowski: revisó 342 casos. Concluyó que 316 niños habían muerto. El destino del resto, sin determinar.

1988   Comisión Shalgi: conclusiones similares. Hasta 65 casos sin resolver. Varios miembros de la Knesset cuestionan públicamente sus hallazgos.

1995–2001   Comisión Kedmi: examina más de 800 casos durante siete años. Concluye que la mayoría murió. Descarta conspiración institucional. No nombra a ningún responsable. Clasifica los documentos por 70 años.

2016   Netanyahu inaugura una base de datos con 400.000 páginas de documentos administrativos desclasificados. Los protocolos internos de la Comisión Kedmi — testimonios en sesión cerrada y deliberaciones — permanecen clasificados hasta 2071.

2021   El gobierno aprueba 50 millones de dólares en compensaciones. Solo las 1.050 familias cuyos casos fueron registrados por las comisiones son elegibles. Para cobrar, las familias deben firmar una renuncia a cualquier acción judicial futura. Las organizaciones afectadas lo llaman públicamente "dinero para el silencio."

En 2016, el ministro Tzachi Hanegbi, designado por Netanyahu para supervisar la revisión del caso admitió públicamente que, tras revisar el material de las comisiones, estaba convencido de que cientos de niños yemeníes habían sido separados de sus padres, aunque no podía decir por qué ni adónde habían ido. (Declaración de Hanegbi documentada por

Los 400.000 documentos desclasificados no eran los archivos secretos del caso: eran el expediente burocrático del proceso de investigación. Cubrían además solo el período 1948–1954, aunque una de las propias comisiones investigadoras había concluido que las desapariciones continuaron hasta 1966.

Lo que permanece clasificado hasta 2071 es cualitativamente distinto: los testimonios dados en sesión cerrada y las deliberaciones internas sobre qué incluir y qué excluir del informe final.

Las organizaciones de familias afectadas señalaron que abrir los protocolos administrativos sin abrir los archivos de adopción era una apertura incompleta: los documentos que podrían revelar el destino concreto de los niños — a qué familias fueron, por qué canales, con qué documentación — siguieron cerrados.

El doble estándar que no tiene explicación

La Comisión Kedmi aplicó en su investigación un criterio metodológico que el profesor de derecho Boaz Sanjero analizó en detalle en la revista académica israelí Teoriya Vebikoret en 2002. Su conclusión: una investigación seria parte de la pregunta "¿qué ocurrió realmente?" y busca evidencia en todas las direcciones.

Esta comisión partió de la conclusión "no hubo crimen institucional" y buscó evidencia que la confirmara.

No investigó para encontrar la verdad. Investigó para defender una tesis.

El mecanismo concreto fue este: cuando los registros de la época eran ambiguos o contradecían la muerte de un niño, la Comisión los descartaba invocando el caos administrativo de los primeros años del Estado. Cuando esos mismos registros confirmaban la muerte, los aceptaba como prueba válida.

El argumento del desorden se aplicaba selectivamente, siempre en la dirección que beneficiaba al Estado.

La Comisión descartó registros contemporáneos que documentaban que los bebés no habían muerto, mientras aceptaba como fuente creíble listas de defunciones elaboradas retroactivamente — compuestas después de los hechos y por lo tanto más susceptibles de ajuste posterior.

La organización Amram describió este patrón, tras analizar los documentos parcialmente desclasificados en 2016, como una inversión sistemática de la carga de la prueba.

La conclusión de Sanjero sobre el informe final es la más grave: a lo largo de sus páginas, la Comisión describió con detalle acciones severas sin formular la más mínima crítica. No nombró a ningún individuo como responsable. Y en su lugar, adoptó una explicación para los casos en que niños terminaron con otras familias sin conocimiento de sus padres: los padres yemeníes habían abandonado a sus propios hijos.

Las enfermeras que testificaron haber separado bebés sanos de sus madres —incluyendo a Milshtein, que describió un proceso diseñado para impedir la identificación de los niños— no fueron nombradas, no fueron criticadas, y no fueron referidas a ninguna instancia penal.

La herida que sigue abierta

Hoy hay familias que saben, por pruebas de ADN, que su pariente "muerto" en 1951 estuvo vivo. Hay personas adoptadas que saben que su familia biológica las buscó durante décadas. Y hay cientos de casos donde la única evidencia de la muerte de un niño es una nota manuscrita de una enfermera en un hospital cuyos archivos se perdieron en un incendio — o fueron quemados durante la propia investigación.

Lo que une todos estos elementos —los testimonios de las enfermeras, el doble estándar metodológico, la impunidad total, la clasificación de los documentos— no es la incompetencia. Es una lógica coherente: la de un Estado que aplicó sobre sus propios ciudadanos mizrajíes el mismo sistema de valores que determinó su relación con la población palestina.

La convicción de que algunos son más humanos que otros no produce necesariamente monstruos. Produce, como aquí, funcionarias que creen haber hecho un favor.

En 2021, el gobierno aprobó un plan de compensación de cincuenta millones de dólares. Los montos —entre 46.000 y 61.000 dólares por familia— llegaron con una condición: para cobrar, las familias debían firmar una renuncia escrita a cualquier acción judicial futura y cerrar los litigios existentes.

Solo las 1.050 familias cuyos casos habían sido formalmente registrados por las comisiones fueron declaradas elegibles, excluyendo a todas las que nunca lograron que el Estado registrara su caso.

Si los académicos hablan de entre 1.500 y 5.000 afectados, la compensación cubrió en el mejor caso a un tercio de ellos. Las organizaciones de familias afectadas rechazaron el plan y lo llamaron públicamente "dinero para el silencio." No hubo disculpa formal. No hubo reconocimiento de responsabilidad institucional. No hubo ningún procesamiento penal.

Los documentos que podrían responder las preguntas abiertas están en el Archivo del Estado de Israel.

Estarán disponibles en 2071.

La versión oficial es que la clasificación protege la privacidad de personas vivas identificables en esos archivos.

Pero lo que esos documentos podrían revelar va mucho más allá de nombres individuales: podrían demostrar que la separación de bebés mizrajíes de sus familias no fue el resultado del caos administrativo de un Estado recién fundado, sino una política deliberada basada en la convicción racial de que esos niños estarían mejor en manos de familias asquenazíes. Reconocer eso no es solo admitir un crimen.

Es admitir que el racismo estuvo en el origen del proyecto nacional israelí — y que se ejerció también hacia adentro, contra los propios judíos considerados inferiores.

Este reportaje se basa en: Shoshana Madmoni-Gerber, Israeli Media and the Framing of Internal Conflict: The Yemenite Babies Affair (Palgrave Macmillan, 2009); el informe de la Comisión Kedmi (2001), parcialmente disponible en la Biblioteca Nacional de Israel; el análisis jurídico del Prof. Boaz Sanjero, Teoriya Vebikoret 21 (2002); transcripciones del interrogatorio de Sonia Milshtein ante la Comisión Kedmi, documentadas en Women in Judaism: A Multidisciplinary e-Journal, Universidad de Toronto (2020); reportajes de Times of Israel (julio y diciembre 2016), CNN (noviembre 2016) y +972 Magazine (enero 2017); Malin Fezehai, "Los niños desaparecidos de Israel", The New York Times en Español, 26 de febrero de 2019; el estudio de Manfred Liebel, SAGE Journals (2025); y testimonios recogidos por la organización Amram.

Nota final: Un patrón que no es una excepción

Lo que ocurrió en los ma'abarot israelíes no fue un fenómeno aislado.

En Canadá, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias durante 150 años en escuelas residenciales; la última cerró en 1996. En Estados Unidos, el sistema de internados indígenas operó desde 1879 bajo el lema oficial "Mata al indio en él, y salva al hombre." En Nueva Zelanda, niños maorís fueron entregados sistemáticamente a familias blancas entre los años 60 y 80.

En todos los casos, quienes lo ejecutaron no se veían como criminales. Se veían como benefactores.

La frase de Goldfarb — "quizás les hicimos un favor" — aparece, con distintas palabras, en los documentos oficiales de cada uno de esos sistemas.

Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. La historia colonial lo llamó progreso.