Ocupación, supremacía y resistencia: una reflexión ética desde el pensamiento judío

El debate público suele presentar la situación entre israelíes y palestinos como un conflicto entre “dos partes” atrapadas en un ciclo de violencia. Esa descripción borra un elemento central: la existencia de una ocupación militar prolongada y de un régimen de control desigual sobre millones de personas sin ciudadanía plena.

Desde 1967, Cisjordania —incluida Jerusalén Oriental según la mayoría de la comunidad internacional— es considerada territorio ocupado. Los asentamientos civiles israelíes establecidos allí son calificados como ilegales por el derecho internacional. Esta no es una opinión ideológica; es la posición dominante en el marco jurídico internacional.

Nombrar esta realidad no es un gesto retórico: es reconocer la asimetría estructural.

No se trata de dos Estados enfrentados en igualdad de condiciones. Se trata de un Estado con control territorial, poder militar y soberanía reconocida, y de una población sometida a ocupación, fragmentación territorial y restricciones sistemáticas de movilidad y derechos políticos.

La responsabilidad principal en un régimen de ocupación recae en quien ejerce el control.

Desde una perspectiva ética judía, esta constatación no puede ser secundaria. La tradición profética no dirigía sus críticas principalmente a los enemigos externos, sino al propio poder cuando se desviaba de la justicia.

El judaísmo histórico conoce la experiencia del despojo y la exclusión. Esa memoria debería generar una sensibilidad particular frente a cualquier sistema que jerarquice derechos en función de identidad étnica o nacional.

Definir un Estado como “judío” en términos que implican privilegios estructurales plantea una tensión profunda con el principio democrático de igualdad ante la ley. El problema no es la existencia de una mayoría cultural judía, sino la institucionalización de desigualdad jurídica.

Ahora bien, reconocer la ocupación y la desigualdad estructural no implica borrar distinciones éticas básicas.

El derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos bajo ocupación a resistir. Pero distingue entre resistencia contra estructuras de dominación y el daño deliberado a personas que no participan directamente en hostilidades.

No es lo mismo confrontar fuerzas armadas o infraestructura militar que atacar intencionalmente a civiles.

Tampoco es lo mismo la violencia ejercida por un Estado que controla territorio y recursos que la violencia ejercida desde una posición de subordinación. La asimetría importa. La responsabilidad estatal es mayor porque el Estado dispone de monopolio de la fuerza, reconocimiento internacional y capacidad institucional.

Un colono que participa en ataques o agresiones deja de ser un mero habitante pasivo y pasa a involucrarse directamente en violencia. Pero la categoría de “civil” no se disuelve automáticamente por residencia. Confundir identidad o lugar de vivienda con condición combatiente erosiona cualquier marco normativo.

La crítica estructural no requiere deshumanización indiscriminada.

El horizonte ético no es la destrucción violenta del Estado ni la expulsión de sus habitantes. Reproducir el despojo en sentido inverso no constituye justicia.

El horizonte es otro: un orden político en el que todas las personas que viven bajo el mismo poder —judías y palestinas— tengan igualdad plena de derechos civiles y políticos.

Eso puede adoptar distintas formas institucionales: un solo Estado democrático, dos Estados con igualdad sustantiva o un arreglo aún no imaginado. Pero el principio no cambia: ningún grupo debe gozar de supremacía estructural permanente.

La memoria judía no puede convertirse en blindaje de un régimen desigual. Si tiene un sentido ético, es precisamente el de advertir contra la normalización de jerarquías humanas.

Sin igualdad, no hay legitimidad moral.
Sin fin de la ocupación y de la supremacía estructural, no habrá paz estable.

La pregunta no es si debe preservarse un Estado en abstracto.
La pregunta es qué tipo de orden político puede garantizar dignidad y derechos iguales para todos.

Desde una tradición que ha conocido el exilio, la exclusión y la violencia colectiva, esa pregunta no es externa. Es interna.

Y no admite ambigüedades.