El agasajo y la memoria

El 7 de septiembre de 2026, el presidente José Antonio Kast participó en la Tefilá por Chile, la ceremonia anual organizada por la Comunidad Judía de Chile (CJCH) en la sinagoga de Lo Barnechea. Lo acompañaron el presidente de la CJCH, Alfredo Misraji y el rabino Eduardo Waingortin, quien ejerce como capellán judío del Palacio, además de varios ministros de Estado.

Kast prometió cuidar la libertad religiosa "sin excepciones" y recordó que sus propios padres fueron inmigrantes acogidos en Chile. Misraji, por su parte, destacó los 120 años de vida judía institucionalizada en el país y llamó a combatir el resurgimiento del antisemitismo con leyes, educación y memoria.

La ceremonia no ocurre en el vacío. Desde que asumió, Kast ha buscado explícitamente "recomponer los lazos" con Israel y con la comunidad judía chilena, después de cuatro años de tensión con el gobierno de Gabriel Boric, que llamó a consulta al embajador chileno en Israel tras el ataque de Hamás de octubre de 2023 y sostuvo gestos de acercamiento hacia la Autoridad Palestina. El nuevo gobierno ha anticipado el regreso de ese embajador y una relación bilateral más estrecha con Jerusalén. La Tefilá, leída en ese contexto, funciona también como un gesto político: la institucionalidad judía chilena sella su respaldo al giro diplomático de Kast hacia Israel.

Ese respaldo, sin embargo, convive con una historia familiar que la ceremonia no menciona.

Un padre no confrontado

El padre del presidente, Michael Kast Schindele, nació en Baviera en 1924 y se afilió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) el 1 de septiembre de 1942, cinco meses después de cumplir la edad mínima requerida para ser miembro. Sirvió como soldado de la Wehrmacht hasta el fin de la guerra. Tras la derrota alemana, escapó de un campo de prisioneros en Italia y cruzó los Alpes a pie hasta su pueblo natal; más tarde emigró a Chile, donde se instaló durante el gobierno de Gabriel González Videla y fundó la empresa de cecinas Bavaria.

La afiliación fue documentada en 2021 por una investigación de la agencia AP, que tuvo acceso a un carné del Archivo Federal Alemán (Bundesarchiv) con el nombre, número de socio y datos de nacimiento coincidentes con los de Michael Kast. El propio Archivo no pudo certificar con absoluta seguridad que se tratara de la misma persona, aunque ningún dato disponible lo contradice. Historiadores consultados por AP —entre ellos Armin Nolzen y Richard Wetzell— coincidieron en que la afiliación al NSDAP era voluntaria y que no existen casos documentados de reclutamiento forzoso al partido, a diferencia del servicio militar.

No hay evidencia de que Michael Kast haya participado en crímenes de guerra o en el exterminio del Holocausto, y el comando de campaña de José Antonio Kast respondió a las revelaciones de 2021 con una declaración breve: que su padre, él mismo y toda la familia "aborrecen a los nazis". Es una respuesta que no niega el documento pero tampoco lo asume: lo relativiza como "un papel" del pasado, sin ofrecer un relato propio, una explicación histórica o un ajuste de cuentas genuino con esa herencia. Para una organización judía que hace de la memoria del nazismo un pilar identitario, esa clase de evasión debería ser, como mínimo, materia de pregunta.

Paine: la otra herencia

Si la militancia nazi del padre pertenece a la Alemania de los años cuarenta, el caso Paine pertenece a Chile, y es más reciente, más documentado judicialmente y más silenciado en el discurso público del propio Kast.

En los días posteriores al golpe de Estado de 1973, la comuna de Paine —zona rural donde la familia Kast tenía su negocio de cecinas y fuertes lazos locales— sufrió una de las represiones civil-militares más intensas del país: unos 70 campesinos, la mayoría vinculados a la Reforma Agraria, fueron ejecutados o desaparecidos. La investigación periodística de Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, publicada en el libro "A la sombra de los cuervos" (Ceibo Ediciones, 2015), documenta el rol de civiles locales —entre ellos Michael Kast y su hijo Christian, hermano del actual presidente— facilitando camiones y suministros a las patrullas de carabineros que participaron en los operativos.

La causa judicial conocida como "Paine", que acumuló las denuncias de una veintena de localidades de la zona, fue reabierta en 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista. En ese proceso, Michael Kast fue citado a declarar en calidad de inculpado sobre la propiedad de los vehículos usados para el traslado de detenidos, y Christian Kast fue citado en 2003. Silvia Vargas, hermana de Pedro Vargas Barrientos —detenido y desaparecido el 13 de septiembre de 1973 tras intentar organizar un sindicato en la empresa de los Kast— desmintió públicamente, mediante una carta abierta, la versión de José Antonio Kast de que su familia mantuvo una "buena relación" con los Vargas después de la desaparición.

Ningún miembro de la familia Kast ha sido condenado por estos hechos. Pero la propia negación pública de José Antonio Kast —descartar en televisión nacional cualquier vínculo familiar con las violaciones a los derechos humanos en Paine— contradice el testimonio directo de las víctimas y el registro judicial disponible.

Diana Arón y la memoria selectiva

AJDA lleva el nombre de Diana Arón, detenida y ejecutada por la DINA en 1974. Su historia, y la de otros militantes judíos de izquierda asesinados o desaparecidos por el aparato represivo de Pinochet, suele quedar fuera del relato que la institucionalidad judía chilena construye sobre sí misma —un relato centrado, en cambio, en la persecución al pueblo judío en Europa y en la defensa de Israel como refugio.

Esa asimetría se vuelve más visible cuando la misma institucionalidad —la CJCH, en la línea que ha representado públicamente figuras como Gabriel Zaliasnik y hoy Alfredo Misraji— elige agasajar en su ceremonia más importante del año a un presidente cuyo padre fue afiliado nazi no confrontado, y cuya familia está señalada por sobrevivientes y por la justicia en un caso de desaparición forzada de 70 personas.

No se trata de exigir una culpa heredada: nadie es responsable de las decisiones de su padre. Se trata de notar que quien sí es responsable de cómo relata esas decisiones —Kast mismo— ha optado sistemáticamente por la evasión, y que la dirigencia judía institucional ha optado, a su vez, por no hacer de eso un problema.

Dirigencia, no comunidad

Sería impreciso hablar de "la comunidad judía" como bloque cooptado por Israel. Lo que puede documentarse es el comportamiento de una dirigencia institucional específica: la CJCH ha subordinado de forma consistente su relación con el poder político local a la agenda diplomática de Israel, incluso cuando eso implica pasar por alto antecedentes que deberían resultar incómodos para cualquier memoria judía seria.

Ese acomodamiento se presenta en nombre de "la comunidad", pero no representa a la totalidad de las voces judías chilenas —entre ellas, las que como AJDA sostienen que la memoria del nazismo y de la dictadura no admite excepciones convenientes, y que la relación con Israel no puede ser la vara con la que se mide a quién se agasaja y a quién se le exige memoria.

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