De héroe a paria: Israel y el veredicto de la historia

En menos de ochenta años de existencia, Israel ha pasado de víctima del Holocausto a nación llevada ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, cuya ocupación fue declarada ilegal por ese mismo tribunal, y cuyo Primer Ministro enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

El Estado fundado en 1948 con el respaldo simultáneo de las dos superpotencias de la Guerra Fría ocupa hoy, por segundo año consecutivo, el último lugar en el Anholt-Ipsos Nation Brands Index, el índice de percepción internacional que encuesta anualmente a 40.000 personas en 20 países. Es el reflejo de un proceso acumulativo de décadas que se aceleró dramáticamente a partir del 7 de octubre de 2023.

La edad dorada

Israel nació en mayo de 1948 en circunstancias históricas únicas. El Holocausto había exterminado a seis millones de judíos europeos apenas tres años antes, y la comunidad internacional cargaba con la culpa de no haber actuado a tiempo.

Durante las décadas siguientes, Israel construyó la imagen del pequeño país democrático rodeado de enemigos, que había "hecho florecer el desierto" y era la única democracia en una región dominada por regímenes autoritarios.

El primer punto de inflexión llegó en junio de 1967. En la Guerra de los Seis Días, Israel conquistó Gaza, Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán. La victoria fue fulminante, pero inauguró una ocupación que en 2026 cumple 59 años y ha sido condenada en incontables instancias internacionales. El Consejo de Seguridad dictó la Resolución 242, exigiendo la retirada de los territorios ocupados. Israel la aceptó formalmente, pero nunca la cumplió.

El salto al abismo

En Oslo, en 1993, Rabin y Arafat se dieron la mano y compartieron el Nobel de la Paz. Pero los asentamientos en Cisjordania no se detuvieron, y el asesinato de Rabin en 1995 a manos de un extremista israelí agotó el capital político que el recuerdo del Holocausto había sostenido durante décadas.

La documentación internacional de violaciones al derecho internacional fue acumulándose. El Comité Internacional de la Cruz Roja estableció su posición jurídica inequívoca: la construcción de asentamientos en territorio ocupado es incompatible con el Artículo 49(6) del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe expresamente que una potencia ocupante traslade su propia población civil al territorio que ocupa.

En 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2334 calificando los asentamientos de "flagrante violación" del derecho internacional. En 2004, la Corte Internacional de Justicia declaró que el muro que Israel construía en Cisjordania era contrario al derecho internacional.

En 2008-2009, la Operación Plomo Fundido dejó más de 1.400 palestinos muertos. Una investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que tanto Hamas como Israel habían cometido crímenes de guerra.

En 2021, Human Rights Watch publicó un informe de 213 páginas calificando las políticas israelíes de apartheid. Al año siguiente, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión.

Para 2023, antes del 7 de octubre, la reputación de Israel ya estaba en niveles históricamente bajos. El 29 de diciembre de ese año, Sudáfrica demandó a Israel ante la CIJ por violar la Convención contra el Genocidio. El 26 de enero de 2024, la Corte determinó que existe un riesgo plausible de genocidio y ordenó medidas provisionales. En julio de 2024, la CIJ declaró ilegal en su totalidad la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados. La Asamblea General fijó el 18 de septiembre de 2025 como plazo para que Israel iniciara su retirada.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces Ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad —las primeras contra líderes de un país democrático aliado de Occidente.

El abismo

El 7 de octubre de 2023, Hamas perpetró el ataque más mortífero contra judíos desde el Holocausto: 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles, y 251 secuestradas. Lo que siguió fue una operación militar que pronto desbordó cualquier marco razonable de proporcionalidad. Más de 60.000 palestinos murieron en Gaza —la inmensa mayoría civiles, incluyendo decenas de miles de niños—, la infraestructura de la Franja fue destruida sistemáticamente, y el bloqueo humanitario alcanzó niveles que organismos de la ONU describieron como hambruna deliberada.

Pero lo que terminó de configurar el rechazo mundial no fue solo la magnitud de la destrucción, sino las palabras de quienes la ordenaban. El gobierno de Israel fue explícito: su visión de victoria era ver Gaza "completamente destruida" y su población desplazada hacia Egipto u otros países.

Ministros del gabinete describían el territorio como una futura "mina de oro inmobiliaria" y promovían abiertamente la "migración voluntaria" —eufemismo de expulsión masiva— de los dos millones de habitantes de la Franja. Reino Unido, Australia, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda sancionaron en junio de 2025 a los ministros más explícitos, calificando su retórica de "atroz y peligrosa."

Mientras la atención mundial miraba Gaza, en Cisjordania se desarrollaba en paralelo el mayor proceso de desplazamiento forzado de palestinos desde 1967. En marzo de 2026, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó el desplazamiento de más de 36.000 palestinos entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 —"una expulsión masiva de una magnitud sin precedentes"— y advirtió que los hechos "parecen indicar una política israelí concertada de transferencia forzosa masiva", lo que "plantea preocupaciones sobre una limpieza étnica." El mismo informe registró 1.732 incidentes de violencia de colonos, muchos de ellos "armados, equipados y formados por las autoridades del Estado israelí", y la aprobación de 84 nuevos asentamientos y más de 64.000 nuevas unidades de vivienda en territorio ocupado.

Van quedando pocos amigos

Bolivia fue el primer país en romper relaciones diplomáticas con Israel. Colombia, Chile, Honduras, Brasil, Chad, Sudáfrica y Turquía retiraron sus embajadores. Bahrain expulsó al embajador israelí. Decenas de países suspendieron exportaciones de armas: los Países Bajos detuvieron componentes de F-35; Canadá suspendió nuevos permisos; Italia impuso una suspensión total; España aprobó un embargo completo en septiembre de 2025; Eslovenia se convirtió en el primer país de la UE en prohibir todo comercio de armas con Israel.

Lo que distingue esta crisis de anteriores es que los aliados históricos más cercanos de Israel han comenzado a fijar límites públicos. En mayo de 2025, los primeros ministros de Reino Unido, Francia y Canadá declararon conjuntamente que el bloqueo israelí constituye una "violación del derecho internacional humanitario." El canciller alemán Merz —líder de un país que durante décadas definió el apoyo a Israel como obligación moral derivada del Holocausto— declaró que las acciones en Gaza "ya no pueden justificarse como una lucha contra el terrorismo de Hamas."

El caso más llamativo fue el de Italia. Giorgia Meloni, una de las líderes europeas más cercanas a Netanyahu, suspendió el acuerdo de defensa bilateral y declaró que Israel ha "cruzado la línea roja" y que Italia apoyará las sanciones europeas.

En la reunión del Consejo de Exteriores de la UE del 21 de abril de 2026, España, Irlanda y Eslovenia impulsaron la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. Bloqueada por Alemania e Italia, que prefirieron el "diálogo crítico", el ministro español preguntó a sus colegas: "¿Qué más tiene que ocurrir para que la UE tome alguna decisión en relación a Israel?"

El marco jurídico

El aislamiento de Israel está anclado en normas de derecho internacional construidas colectivamente, en gran parte como respuesta directa a los crímenes de la Segunda Guerra Mundial.

El IV Convenio de Ginebra, Artículo 49(6) prohíbe que una potencia ocupante traslade su propia población civil al territorio que ocupa. La abrumadora mayoría de los juristas internacionales consideran que los más de 700.000 colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este constituyen una violación sistemática y continuada de esta norma.

La Carta de la ONU, Artículo 2(4) prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza. La CIJ fue explícita en 2024: tanto la anexión declarada formalmente como la que ocurre en los hechos sin proclamarse —de jure y de facto— son ilegales.

La Convención contra el Genocidio (1948) es la norma más grave en discusión. La CIJ determinó en 2024 que existe riesgo plausible de genocidio. La Comisión de Investigación de la ONU concluyó en septiembre de 2025 que hay fundamentos para afirmar que se ha cometido.

El Estatuto de Roma sustenta las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra —incluyendo el uso del hambre como método de combate— y crímenes de lesa humanidad.

Las obligaciones de Chile

Cuando un Estado viola gravemente normas fundamentales del derecho internacional, los demás Estados no tienen solo opciones políticas: tienen obligaciones jurídicas. La Opinión Consultiva de la CIJ de 2024 estableció tres:

• No reconocimiento: abstenerse de cualquier acto que implique reconocer como legal la situación en los territorios ocupados.
• No asistencia: no suministrar armas, tecnología de doble uso ni cooperación militar que permita mantener la situación ilegal. El riesgo plausible de genocidio hace que el suministro de armas pueda constituir complicidad.
• Cooperación activa con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Además, los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma están obligados a arrestar y entregar a la CPI a cualquier persona con orden de arresto vigente que pise su territorio. Esto aplica a Netanyahu y a Gallant.

Chile ratificó los Convenios de Ginebra en 1950, la Convención contra el Genocidio en 1953, firmó la Carta de la ONU en 1945 como miembro fundador, y ratificó el Estatuto de Roma en 2009. Estas obligaciones no dependen del gobierno de turno.

A contrapelo de lo que ocurre en el mundo, el gobierno de Kast ha votado en contra de cuatro resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno anterior había patrocinado —entre ellas dos que condenan los asentamientos ilegales y exigen rendición de cuentas por crímenes de guerra— y decidió que Chile participe solo como observador en el Comité de la ONU para los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. En FIDAE, levantó la prohibición que existía sobre la participación de empresas israelíes de armamento, decisión señalada por la Comunidad Palestina en Chile como una inconsistencia flagrante.

Un gobierno puede mantener relaciones diplomáticas con Israel y al mismo tiempo cumplir el Estatuto de Roma, abstenerse de cooperación militar con un Estado bajo investigación por genocidio, y votar a favor de los mecanismos de rendición de cuentas en la ONU. Esas no son posiciones de izquierda ni de derecha: son obligaciones jurídicas del Estado chileno.

La gran paradoja

Las normas internacionales que hoy se invocan contra el Estado de Israel son las mismas que el mundo construyó como respuesta directa al exterminio del pueblo judío. La Convención contra el Genocidio nació con el recuerdo fresco del Holocausto. Los Convenios de Ginebra fueron redactados para evitar que las atrocidades de la guerra volvieran a recaer sobre poblaciones civiles. El Estatuto de Roma nació del compromiso de que "nunca más" ningún líder actuara con impunidad.

La fractura que se observa en la comunidad judía mundial —donde cerca del 40% de los judíos estadounidenses considera que Israel ha cometido genocidio en Gaza— tiene su espejo en Chile y América Latina.

La pregunta que muchos judíos se hacen hoy es si la identidad judía debe estar atada a la defensa incondicional de un Estado que ha elegido construirse sobre la exclusión sistemática de otro pueblo. Cada vez más, la respuesta es no.

Defender incondicionalmente las políticas de Israel es incompatible con los valores que el judaísmo ha sostenido históricamente: la justicia como imperativo ético central, la memoria del propio sufrimiento como fuente de empatía, el rechazo a la impunidad como principio universal.

Organizaciones como la Agrupación Judía Diana Arón representan esa tradición: la de los judíos que entienden que la mejor defensa del pueblo judío no es el silencio cómplice ante crímenes cometidos en su nombre. Decir lo que otros callan, cuando los hechos lo exigen, no es traicionar al judaísmo. Es honrarlo.