Cisjordania: la violencia con aval del estado

El 24 de julio de 2026, colonos armados entraron a la localidad de Tal, cerca de Nablus. El enfrentamiento terminó con cuatro palestinos y dos israelíes muertos. En las horas y días siguientes, colonos incendiaron al menos dos mezquitas, atacaron viviendas en pueblos vecinos y establecieron un nuevo puesto de avanzada en tierras de Umm Safa, cerca de Ramala, mientras el ejército israelí concentraba su respuesta en allanar casas palestinas y detener a decenas de personas. Ningún colono fue arrestado por los incendios de las mezquitas.

Esta secuencia no es una anomalía. Es, con variaciones menores, el patrón que se repite en Cisjordania desde hace más de una década, y que se ha intensificado de forma abrupta desde 2023. La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro registró 3.488 ataques de colonos solo en el primer semestre de 2026 — un ritmo que casi cuadriplica el promedio mensual de hace tres años. Naciones Unidas documenta que 87 palestinos han muerto en Cisjordania en lo que va de 2026, y que al menos 118 comunidades, la mayoría beduinas y dedicadas al pastoreo, han sido desplazadas total o parcialmente desde 2023.

Un patrón, no una serie de excesos aislados

El argumento que suele usarse para exculpar al Estado israelí de esta violencia es que se trata de actos de una franja marginal — los llamados "Hilltop Youth", jóvenes colonos radicalizados, desconectados incluso del movimiento colono convencional. Es cierto que este núcleo es reducido. Pero esa observación, verdadera en sí misma, oculta el hecho central: la relación del Estado con esa violencia no es de persecución, sino de tolerancia sistemática y, en muchos casos, de sostén material directo.

B'Tselem, la organización israelí de derechos humanos, ha documentado que los colonos que atacan comunidades palestinas "llevan ahora uniforme" y actúan "con respaldo militar oficial", mientras la policía israelí "utiliza todas las tácticas posibles para evitar proteger a los palestinos". Human Rights Watch ha llegado a una conclusión similar tras verificar videos y testimonios del ataque a la localidad de Tal: los colonos no fueron detenidos por el ejército presente en la zona; el Estado actuó después, contra las víctimas.

Los puestos de avanzada desde donde operan estos grupos —ilegales incluso bajo la ley israelí— están, según Amnistía Internacional, protegidos por el ejército y financiados por el Ministerio de Agricultura. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registra que, para abril de 2026, existían 363 de estos puestos en Cisjordania, según cifras de la organización israelí Peace Now. Ninguno de ellos existe sin la infraestructura, el agua, la electricidad o la protección que el Estado decide extender o negar.

La Corte Internacional de Justicia concluyó en su opinión consultiva de 2024 que el mantenimiento y la expansión de los asentamientos constituye anexión de facto de territorio ocupado. En marzo de 2026, un panel de expertos convocado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó lo que ocurre en Cisjordania como una "campaña cada vez más intensa de limpieza étnica y anexión", caracterizada por "el desplazamiento forzoso de palestinos y la escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos".

El desplazamiento no necesita una orden de expulsión

Familias palestinas que abandonan sus tierras no lo hacen porque un soldado se los ordene en la puerta de su casa. Lo hacen porque colonos les cortan el acceso a sus pastos, les roban el ganado, incendian sus cultivos y atacan sus viviendas de forma reiterada, mientras la institucionalidad que debería protegerlos —la misma que sí actúa con rapidez y dureza cuando se trata de reprimir a comunidades palestinas— no interviene. El derecho internacional humanitario reconoce hace décadas que el desplazamiento forzado no exige una expulsión física directa: basta con que el Estado cree o tolere condiciones de vida insostenibles bajo coacción. El miedo sistemático, cuando es producido o permitido deliberadamente, es la forma que toma la fuerza.

Esta distinción no es un matiz técnico. Es la que permite entender por qué decenas de miles de palestinos se han ido de tierras que sus familias han trabajado por generaciones sin que exista un solo decreto de deportación: porque no hace falta un decreto cuando el terror cotidiano, no castigado, cumple la misma función.

Por qué esto nos concierne como judíos

No hablamos desde la distancia. Somos, muchos de quienes formamos AJDA, descendientes de sobrevivientes del genocidio nazi y de generaciones de judíos que huyeron de los pogroms en Europa del Este precisamente porque un Estado decidió no protegerlos, o decidió mirar hacia otro lado mientras turbas armadas los atacaban con impunidad. Conocemos, porque es parte de nuestra propia historia familiar, la diferencia moral y jurídica entre la violencia que un Estado comete y la violencia que un Estado simplemente permite. Sabemos que la segunda no es menos responsabilidad que la primera.

Que hoy sea el Estado de Israel el que sostenga, mediante financiamiento, protección militar e impunidad judicial, una violencia organizada contra una población civil que no puede defenderse, es una traición a esa memoria. No se defiende la seguridad del pueblo judío perpetuando en otros la misma lógica de indefensión y terror que nuestros abuelos padecieron. Se la traiciona.

Lo que exigimos

El gobierno de Israel tiene, hoy, todas las herramientas para detener esta violencia: puede procesar a los responsables de los ataques documentados por B'Tselem, Human Rights Watch y Naciones Unidas; puede desmantelar los puestos de avanzada ilegales que financia y protege; puede restituir el acceso de las comunidades palestinas desplazadas a sus tierras. No lo hace porque, en la práctica, esta violencia opera a favor de un objetivo de política de Estado: la consolidación territorial y la reducción de la presencia palestina en Cisjordania.

Frente a esto, la responsabilidad no recae solo en Israel. Recae también en la comunidad internacional, que durante años ha respondido con declaraciones sin consecuencias mientras la anexión avanza sobre el terreno. Amnistía Internacional lo ha dicho con claridad: la impunidad global alimenta la anexión ilegal. Eso significa que la presión diplomática, las sanciones dirigidas a los responsables directos de la violencia y el financiamiento de los asentamientos, y la exigencia de cumplimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no son gestos simbólicos: son las herramientas concretas que existen para que el costo de esta política, hoy nulo, deje de serlo.

El silencio, para un pueblo que sabe exactamente lo que cuesta que el mundo decida no intervenir a tiempo, no es una opción neutral.

Fuentes: B'Tselem, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Corte Internacional de Justicia (opinión consultiva 2024), panel de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (marzo 2026), Peace Now.

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