Canary Mission: a la caza de activistas antisionistas

Canary Mission: del campus universitario al expediente de deportación

El 25 de marzo de 2025, agentes de inmigración vestidos de civil detuvieron en una calle de Somerville, Massachusetts, a Rumeysa Öztürk, estudiante de doctorado en Tufts University. Su presunto delito había sido coescribir, un año antes, una columna de opinión en el periódico estudiantil pidiendo que la universidad reconociera el genocidio en Gaza.

El único elemento nuevo en su caso, aparecido apenas un mes antes de su arresto, era un perfil publicado sobre ella en un sitio web administrado de forma anónima: Canary Mission.

Horas después de conocerse la detención, la cuenta oficial de Canary Mission en redes sociales se atribuyó el mérito, afirmando que su perfil había sido "la causa principal" de que Öztürk fuera detenida.

No es un caso aislado. Ese mismo mes, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detuvieron también a Badar Khan Suri, académico de Georgetown University, en circunstancias similares. Y el 9 de julio de 2025, en el tercer día de un juicio en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, Peter Hatch, director adjunto de inteligencia de Homeland Security Investigations (la rama investigativa del DHS bajo ICE), declaró bajo juramento ante el juez William G. Young que "muchos, o incluso la mayoría" de los nombres de estudiantes que su oficina recibió para elaborar informes de deportación provenían del sitio Canary Mission.

El caso —American Association of University Professors v. Rubio, presentado por la AAUP y la Middle East Studies Association (MESA)— terminaría, meses después, en una sentencia histórica: el 22 de enero de 2026, el juez Young declaró inconstitucional la política de "deportación ideológica" del gobierno, calificando el caso como "quizás el más importante que ha caído bajo la jurisdicción de este tribunal de distrito".

Un sitio que nació hace poco más de una década como una lista negra informal de estudiantes universitarios se ha convertido en fuente documentada, bajo juramento y en sede judicial, del propio gobierno de Estados Unidos para justificar detenciones y deportaciones. Esa transformación —de intimidación extraoficial a insumo de política de Estado, ya confirmada por un tribunal federal— es el objeto de este artículo.

Qué es y cómo opera

Canary Mission apareció públicamente en mayo de 2015, aunque registros posteriores sitúan su creación efectiva en 2014. Sus fundadores explicaron su propósito sin rodeos en un video de lanzamiento: "es tu deber asegurarte de que los radicales de hoy no sean los empleados de mañana".

El sitio funciona como una enciclopedia de perfiles: cada entrada incluye fotografía, afiliación institucional, y un listado de actividades o declaraciones que el sitio cataloga como antisemitas o de apoyo al terrorismo, construido a partir de fuentes públicas —publicaciones en redes sociales, participación en protestas— y de envíos privados que el sitio dice "validar" antes de publicar.

Sobre el tamaño de la base de datos, en vez de promediar cifras dispares conviene fecharlas: un reportaje de abril de 2025 hablaba de más de 2.000 perfiles individuales en 38 estados de EE.UU., Washington D.C. y cinco provincias canadienses; tres meses después, en el juicio de AAUP v. Rubio, la propia declaración de Hatch —confirmada por reportes de prensa sobre el expediente judicial— situó la lista usada por el "tiger team" del DHS en 5.000 nombres. El salto no es necesariamente un error de conteo: es compatible con un crecimiento real de la base de datos en ese período, lo que sería, en sí mismo, un dato relevante para este artículo antes que una imprecisión a promediar.

Sus operadores son anónimos. El sitio no está registrado ante el IRS estadounidense ni como entidad con o sin fines de lucro, y su dominio está protegido por privacidad. Una investigación del medio judío The Forward en 2018 rastreó el flujo de donaciones hasta una organización sin fines de lucro registrada en Israel, Megamot Shalom ("Tendencias de Paz"), que según su propio registro tiene apenas once empleados y recibe más del 99% de su presupuesto —cerca de un millón de dólares en el año fiscal 2023— desde el extranjero.

En abril de 2025, The Intercept reportó una donación de 100.000 dólares a Canary Mission proveniente de la Fundación Familiar Natan y Lidia Peisach, cuya tesorera está casada con un miembro del directorio de la Universidad de Pensilvania. Un antecedente anterior, reportado por The Forward en 2018, documentó además una donación única de 100.000 dólares en 2016 desde la Fundación Familiar Helen Diller, gestionada por la federación judía de San Francisco, canalizada a través del Central Fund of Israel.

El marco legal que hace posible la escalada

Antes de examinar el tránsito de Canary Mission hacia la política de Estado, es necesario explicar la herramienta legal que permitió ese tránsito, porque el mecanismo no operó al margen de la ley sino a través de una figura legal real, aunque de uso casi inédito.

Mahmoud Khalil —graduado reciente de Columbia University y residente legal permanente— fue detenido por ICE el 8 de marzo de 2025 e imputado bajo la Sección 237(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una disposición de la era de la Guerra Fría que permite deportar a cualquier no ciudadano cuya "presencia o actividades" el Secretario de Estado tenga "motivo razonable para creer" que tendrían "consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior" del país.

La disposición no exige que la persona haya cometido delito alguno ni haya prestado apoyo material a ninguna organización: basta una determinación unilateral del Secretario de Estado.

Según documentó The Hill citando al abogado migratorio David Leopold, la norma no se había invocado desde 1997. El propio secretario Marco Rubio firmó la determinación contra Khalil citando su "participación en protestas antisemitas y actividades disruptivas".

Un juez federal bloqueó posteriormente la deportación y ordenó su liberación en junio de 2025, tras 104 días de detención en una cárcel de inmigración en Luisiana; su caso sigue en litigio.

Este marco legal es importante para la tesis del artículo: mostrar que el mecanismo de sanción opera dentro de una figura jurídica formal —por vaga y de uso extraordinario que sea— es más inquietante que presentarlo como arbitrariedad pura al margen del derecho, porque revela que la infraestructura para institucionalizar la vigilancia informal ya existía en el sistema legal estadounidense, esperando ser activada.

De la intimidación informal a la política de Estado

Durante su primera década, el efecto de Canary Mission era mayormente extrajudicial: estudiantes y académicos reportaban ser interrogados por potenciales empleadores o programas de posgrado sobre su ficha en el sitio, según ha documentado la organización de derechos civiles Palestine Legal. Ese fue, durante años, el límite de su alcance —dañar la empleabilidad de alguien, no su libertad.

Ese límite se cruzó bajo la administración Trump, y el juicio de AAUP v. Rubio lo documentó con el detalle propio de un expediente judicial, no de una acusación periodística.

Según el testimonio de Hatch, en marzo de 2025 se formó un "tiger team" (equipo especial) encargado de revisar la lista de nombres de Canary Mission y compilar informes sobre activistas estudiantiles. "Es cierto, muchos de los nombres, o incluso la mayoría, provenían de ese sitio web. Pero también obteníamos nombres y pistas de muchas otras fuentes" —entre ellas Betar, otra organización sionista con un sitio propio de listado de críticos de Israel.

Cobertura posterior sobre documentos judiciales desellados situó en más del 75% la proporción de referencias de deportación de esa oficina basadas en nombres identificados primero a través de Canary Mission.

En paralelo, Mahmoud Khalil presentó en julio de 2026 una demanda propia —Khalil v. The Heritage Foundation et al., Tribunal de Distrito Sur de Nueva York— contra la Fundación Heritage, el asesor presidencial Stephen Miller, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios, invocando la Ku Klux Klan Act de 1871 y acusándolos de conspirar con organizaciones de extrema derecha para intimidar, arrestar y deportar a activistas propalestinos como castigo por su defensa de los derechos del pueblo palestino.

La demanda nombra explícitamente a Canary Mission y a Betar USA como coconspiradores privados que "nominaban" objetivos; ambas organizaciones se habían atribuido públicamente ese rol poco después del arresto de Khalil, y Betar llegó a publicar en redes sociales que había entregado "miles de nombres" al gobierno.

La red no listada: expansión y profesionalización

Una investigación de Drop Site News, recogida en enero de 2026 por Middle East Eye, reveló que Canary Mission opera además una red de sitios afiliados no listados públicamente, gestionada por una empresa israelí con sede en una oficina compartida en Jerusalén.

Documentos internos filtrados muestran objetivos de gestión explícitos para 2025: diferenciar la marca de sus "competidores", compartir datos con donantes, y producir 150 perfiles nuevos por semana.

Más de treinta personas trabajarían como "doxxers" —término inglés que designa a quienes rastrean y publican datos personales de alguien, generalmente con fines de exposición o acoso— bajo identidades falsas en redes sociales para identificar y documentar a nuevos objetivos.

Este hallazgo no describe una operación artesanal en declive, sino una que se profesionaliza, fija metas de producción y diversifica su infraestructura para evitar el escrutinio que ya ha atraído el sitio original.

Un mecanismo exportado: los nodos regionales

Canary Mission es el nodo más visible de una arquitectura más amplia, no un fenómeno aislado. Israel Academia Monitor, con sede en Israel, monitorea a académicos de cualquier país —no solo Norteamérica— que publiquen investigación crítica de Israel; ha señalado repetidamente, por ejemplo, a Eyal Weizman, profesor de Goldsmiths, University of London y fundador de Forensic Architecture.

En el Reino Unido, UK Lawyers for Israel presiona a instituciones académicas y culturales mediante litigio en vez de doxxing.

En Australia, una filtración de 2024 expuso al grupo de WhatsApp "J.E.W.I.S.H. creatives and academics", cuya campaña de cartas logró el despido de la periodista Antoinette Lattouf de la radiodifusora pública ABC. Y la red Presence (antes ACT.IL) coordina campañas de "respuesta rápida" en redes sociales en múltiples países, sin operar un blacklist público pero con el mismo objetivo de presión coordinada.

Ninguno de estos nodos regionales tiene el peso institucional que ha alcanzado Canary Mission en Estados Unidos, pero juntos muestran que el modelo de vigilancia y sanción no es un fenómeno exclusivamente norteamericano, sino una arquitectura que se replica —con distintos instrumentos legales y culturales— dondequiera que exista un movimiento propalestino visible.

La disidencia interna

Vale la pena cerrar con un matiz: la existencia de Canary Mission también ha sido objetada desde el propio campo proisraelí.

En abril de 2018, una coalición de estudiantes judíos y propalestinos —entre ellos las mesas directivas de Hillel en la Universidad de Michigan, la Universidad de Minnesota y Ohio State University— publicó un artículo de opinión en el medio judío JTA calificando a Canary Mission de "antitético a nuestros valores democráticos y judíos, contraproducente para nuestros esfuerzos y moralmente reprensible".

El texto fue firmado por 107 estudiantes de siete universidades. La Liga Antidifamación (ADL) retuiteó inicialmente el artículo respaldando su lenguaje, aunque luego declaró públicamente arrepentirse de haber calificado a Canary Mission de "islamófoba y racista" en ese mismo respaldo.

Por separado, Erwin Chemerinsky, decano de la facultad de Derecho de UC Berkeley, denunció públicamente en 2023 que el sitio genera un efecto disuasivo (chilling effect) sobre el discurso universitario en general, más allá de cualquier posición sobre el conflicto.

La objeción no es menor: sugiere que incluso dentro del campo que Canary Mission dice defender, hay quienes ven el mecanismo como una herramienta que erosiona la legitimidad de la causa que invoca, no solo como una controversia externa.

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