¿A cambio de qué? El origen, el desgaste y los fundamentos del respaldo alemán a Israel

El respaldo de Alemania a Israel es casi incondicional desde 1952, sostenido por una doctrina sin base legal —la Staatsräson— que hoy rechaza el 82% de los alemanes.

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¿A cambio de qué? El origen, el desgaste y los fundamentos del respaldo alemán a Israel
Foto: Konrad Adenauer y Moshe Sharett firman el Acuerdo de Luxemburgo en septiembre de 1952 (Licencia: Creative Commons)

El respaldo de Alemania a Israel es casi incondicional, y lo ha sido durante más de siete décadas: se sostiene incluso frente a evidencia dura de crímenes de guerra, genera un beneficio material marginal para el país, y persiste pese a que la opinión pública alemana se ha vuelto mayoritariamente crítica.

Ese respaldo nace de dos motivos entrelazados. Uno es la culpa colectiva alemana por el Holocausto: una responsabilidad histórica que el Estado alemán asumió tras el genocidio y que, con el paso de las décadas, se transformó en doctrina de política exterior.

El otro es más político que moral: el respaldo a Israel le permitió a Alemania Occidental legitimarse ante el resto de Occidente y reingresar al círculo de las naciones civilizadas apenas años después del nazismo, sin necesidad de encarar puertas adentro una desnazificación social profunda de las estructuras que habían hecho posible el genocidio.

Ambos orígenes son reales. La pregunta que importa hoy es si, más de siete décadas después, siguen siendo un fundamento sólido para un respaldo que una fracción cada vez mayor de la propia sociedad alemana cuestiona.

Este artículo se concentra exclusivamente en responder tres preguntas concretas: de dónde viene esta alianza, qué se obtiene realmente a cambio, y si ese intercambio sigue teniendo sentido según su propia lógica.

El origen: de la culpa a la doctrina

La relación especial entre Alemania e Israel no nace en 1948 —cuando Alemania ni siquiera existía como Estado soberano, bajo ocupación aliada— sino en 1951-1952.

El 27 de septiembre de 1951, el canciller Konrad Adenauer declaró ante el Bundestag que en nombre del pueblo alemán se habían cometido crímenes que obligaban a una reparación moral y material. Un año después, el 10 de septiembre de 1952, Adenauer y el canciller israelí Moshe Sharett firmaron el Acuerdo de Luxemburgo: Alemania Occidental se comprometió a pagar cerca de 3.000 millones de marcos a Israel, una cifra que representó casi un noveno del presupuesto federal de la época.

Ese acuerdo cumplió una doble función. Por un lado, compensó materialmente a los sobrevivientes del Holocausto y financió la absorción de refugiados judíos en Israel. Por otro, permitió a la Alemania de Adenauer presentarse ante Occidente, en plena Guerra Fría, como un Estado moralmente rehabilitado apenas siete años después del fin del nazismo —sin que ello implicara, puertas adentro, un examen social profundo de las estructuras que habían hecho posible el genocidio.

En ese sentido, el respaldo a Israel funcionó como un sustituto de la desnazificación social que Alemania Occidental nunca completó puertas adentro: reparó la imagen del país ante el mundo sin forzar una confrontación real con las estructuras y las personas que habían sostenido al régimen nazi, muchas de las cuales continuaron ocupando cargos en la administración pública, la judicatura y la política de la posguerra.

La palabra que hoy nombra esta relación, sin embargo, es mucho más reciente. El 18 de marzo de 2008, la entonces canciller Angela Merkel, en un discurso ante el Knesset por el 60º aniversario de Israel, declaró que la responsabilidad histórica de Alemania era parte de la "Staatsräson" (razón de Estado) de su país, y que la seguridad de Israel nunca sería negociable para ella.

Vale precisar que esa frase no creó ninguna norma jurídica. El propio servicio científico del Bundestag aclaró en 2023 que la Staatsräson "no es un término legal", sino una declaración política. No está en la Ley Fundamental alemana.

Adquirió su peso —casi constitucional en la práctica— por repetición sostenida de las élites políticas alemanas durante casi dos décadas, no por ningún fundamento formal.

Lo material: ¿cuánto pesa realmente esta alianza?

Si la Staatsräson se sostuviera por interés económico, los números deberían mostrarlo. No lo hacen. El comercio bilateral entre Alemania e Israel rondó los 8.400 millones de dólares en 2024 —una cifra que suena considerable hasta que se la compara con el comercio exterior total de Alemania, cercano a los 2,87 billones de euros el mismo año.

Israel representa apenas alrededor de un 0,3% del comercio alemán, y ha llegado a ubicarse entre los puestos 40 y 47 en el ranking de socios comerciales del país. Para Alemania, económicamente, Israel es un socio menor, mientras que Alemania es uno de los socios comerciales más importantes para Israel dentro de la Unión Europea.

Donde sí hay un vínculo material fuerte es en el terreno militar. Según datos del instituto sueco SIPRI, entre 2020 y 2024 Alemania fue el segundo proveedor de armas de Israel, responsable de un 33% de sus importaciones militares, solo detrás de Estados Unidos.

El gobierno alemán aprobó licencias de exportación de armamento por 485 millones de euros entre el 7 de octubre de 2023 y mayo de 2025. El proyecto insignia de esa cooperación es el programa de submarinos clase Dakar: un contrato de unos 3.000 millones de euros con la empresa ThyssenKrupp Marine Systems, del cual Alemania subsidia aproximadamente un tercio con fondos públicos y que también tiene una cara industrial: el astillero de Kiel, sede de ThyssenKrupp Marine Systems,  genera miles de empleos en el norte de Alemania, lo que ayuda a explicar la tenacidad del gobierno para mantenerlo.

En agosto de 2025, el canciller Friedrich Merz suspendió parcialmente las exportaciones de material bélico utilizable en Gaza, tras la aprobación israelí de un plan de ocupación de la ciudad de Gaza. La suspensión duró poco: se levantó en noviembre de 2025, tras el alto el fuego de octubre, pese a las críticas de Amnistía Internacional, que calificó la reanudación de imprudente e ilegal.

La grieta entre las élites y la opinión pública

En Alemania se observa un creciente divorcio entre la política oficial y lo que piensa su propia ciudadanía.

Una encuesta de YouGov de septiembre de 2025 encontró que el 62% de los alemanes cree que Israel comete genocidio en Gaza —incluido un 60% de los votantes de la coalición gobernante CDU/CSU—. Otra encuesta de la fundación Körber, del mismo mes, halló que el 82% rechaza el apoyo militar alemán a Israel. Y un sondeo del instituto GIGA mostró que solo el 10% de los alemanes respalda hoy la fórmula original de la Staatsräson tal como la planteó Merkel.

Esa distancia entre la élite política y la sociedad ha empezado a expresarse también dentro del propio establishment alemán.

En octubre de 2025 se publicó el documento "Jenseits der Staatsräson" ("Más allá de la razón de Estado"), impulsado por el diplomático Philip Holzapfel —hasta fines de 2024 asesor para Oriente Medio del entonces Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell— junto a la politóloga Muriel Asseburg y otros especialistas del SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik), el instituto alemán de estudios de política exterior y seguridad más influyente del país, con estrecha relación de asesoría al gobierno federal y al Bundestag. El documento sumó un centenar de firmas iniciales que hacia 2026 habían crecido a cerca de 400 —entre ellas el propio Josep Borrell, su antiguo jefe y exjefe de la diplomacia europea.

El documento pide, entre otras cosas, suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel y respetar las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional.

La paradoja de la extrema derecha

La solidez del respaldo alemán se complica además con un fenómeno que corre en paralelo: el ascenso de una extrema derecha que reivindica su apoyo a Israel mientras revive, puertas adentro, el propio antisemitismo que la Staatsräson debería prevenir.

En enero de 2017, el dirigente de Alternativa para Alemania (AfD) Björn Höcke calificó el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, en Berlín, como un "monumento de la vergüenza" y exigió un giro de 180 grados en la política de memoria alemana; en 2018, su correligionario Alexander Gauland describió al nazismo como una simple "cagada de pájaro" en mil años de historia alemana exitosa.

Al mismo tiempo, la AfD se presenta como aliada incondicional de Israel, enmarcando ese apoyo dentro de su cruzada contra el islam y la inmigración musulmana, a la que atribuye un supuesto antisemitismo "importado".

El presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, ha rechazado esa apropiación: advirtió que dirigentes de la AfD han relativizado la Shoa y exigido un giro en la cultura de memoria, y describió al partido como uno en el que "los antisemitas pueden sentirse en casa".

La paradója es elocuente: mientras la Staatsräson oficial pierde sustento por su costo diplomático y por el rechazo ciudadano a la conducta de Israel en Gaza, un sector creciente del espectro político alemán ofrece un respaldo a Israel que no nace de la responsabilidad histórica que dice invocar, sino de una hostilidad hacia el islam que convive, sin contradicción aparente, con la relativización del propio genocidio nazi.

¿Empieza a pasar la cuenta?

El 3 y 4 de junio de 2026, Alemania no logró, por primera vez en la memoria reciente, ganar uno de los puestos rotativos que le correspondían en el Consejo de Seguridad de la ONU: obtuvo 104 votos, veintitrés por debajo del umbral necesario, mientras Portugal y Austria se quedaron con los dos escaños en disputa.

La votación en la Asamblea General es secreta, así que no existe una causa comprobable y única para esa derrota. Pero el propio canciller alemán de Exteriores, Johann Wadephul, admitió que la responsabilidad especial que Alemania asume frente a Israel en el conflicto de Medio Oriente "también podría haber costado votos" —un reconocimiento notable, viniendo de quien sostiene esa misma política.

No hay una prueba matemática de causalidad, pero sí hay  un costo diplomático reconocido desde dentro del propio gobierno que sostiene la doctrina, algo que hasta ahora no había ocurrido en casi dos décadas de Staatsräson.

¿Tiene aún sustento la Staatsräson?

La doctrina nació de una responsabilidad histórica real: el genocidio de los judíos europeos, cometido en nombre del pueblo alemán, dejó a Alemania con una deuda moral que ningún país debería negar.

El problema no es esa responsabilidad en sí, sino su traducción práctica: una fórmula retórica de 2008, sin base legal ni constitucional, que se convirtió en compromiso de política exterior casi inmune al debate democrático normal —sostenida hoy por una fracción cada vez más pequeña de la sociedad alemana, con un beneficio material marginal para el país que la sostiene, y que recién ahora empieza a mostrar sus primeras grietas visibles, tanto en la calle como en los pasillos de Naciones Unidas.

Que la Staatsräson pueda ser, en su origen, un gesto genuino de responsabilidad histórica no la vuelve automáticamente sostenible en su forma actual. La pregunta que este artículo deja abierta —y que le corresponde resolver a la propia sociedad alemana— es si esa responsabilidad hacia la memoria del Holocausto exige hoy blindar sin condiciones las políticas concretas de un gobierno israelí, o si, como plantean cada vez más voces dentro y fuera de Alemania, exige exactamente lo contrario.

 

 

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