7 de Octubre: La postura de AJDA — Parte 1: ¿Qué pasó ese día?

Fernando nos consultó qué piensa AJDA sobre la masacre del Festival Nova.

Empezaremos, como corresponde, por los hechos: qué ocurrió el 7 de octubre, y es importante aclararlo desde ya: nada de lo que sigue proviene de fuentes palestinas, de organismos internacionales críticos de Israel, ni de nadie con interés en minimizar lo sucedido.

Proviene, en su mayoría, del Contralor del Estado de Israel, de investigaciones de la prensa israelí —Haaretz, Yedioth Ahronoth, el Canal 12— y de declaraciones de exfuncionarios israelíes, incluido un exministro de Defensa.

Más allá de Nova

El ataque del 7 de octubre no ocurrió solo en el Festival Nova, aunque haya sido la imagen que más circuló.

Comenzó poco antes de las 6:30 de la madrugada, cuando miles de combatientes de Hamás y otras facciones armadas cruzaron la frontera en decenas de puntos simultáneos, apoyados por una intensa lluvia de cohetes.

Atacaron el festival, sí —364 personas asesinadas allí—, pero también una decena de kibutzim y pueblos fronterizos (Be'eri, Kfar Aza, Nir Oz, Nahal Oz, entre otros) y varias bases e instalaciones militares del Ejército israelí.

En total, más de 1.150 personas murieron ese día, entre israelíes y extranjeros, y alrededor de 250 fueron secuestradas hacia Gaza. Cualquier respuesta que se quede solo en Nova deja fuera la mayor parte de lo ocurrido.

Hay, además, un matiz que la pregunta de Fernando —centrada específicamente en Nova— hace necesario aclarar.

La evaluación del propio aparato de seguridad israelí, basada en la investigación policial y en interrogatorios a combatientes capturados, es que Hamás no tenía conocimiento previo del festival: sus objetivos planificados eran el kibutz Re'im y otras localidades y bases cercanas a la frontera.

Según reportó Haaretz, la policía encontró mapas de objetivos en los cuerpos de combatientes abatidos, y ninguno incluía la ubicación del festival; según el Canal 12, los propios combatientes ubicaron la fiesta a través de drones o de quienes llegaban en parapente, y redirigieron fuerzas hacia allí por radio una vez descubierta.

Un contingente de las fuerzas Nukhba que terminó atacando Nova, según la televisión pública israelí (Kan), en realidad se había desviado por error de navegación: su objetivo era la localidad de Netivot, más al norte.

El propio festival, por lo demás, no estaba programado para durar hasta el sábado 7 de octubre. El día sábado en que ocurrió el ataque se había añadido a la programación recién el martes anterior.

Esto no cambia la responsabilidad de lo ocurrido en Nova ni la naturaleza del crimen: una vez descubierta la concentración de civiles desarmados, los combatientes tomaron la decisión activa y sostenida durante horas de dirigirse hacia allí y atacarla, lo que constituye un ataque deliberado contra población civil con total independencia de si había sido planeado con semanas de antelación o decidido en el momento.

Pero si la pregunta es específicamente por qué Nova y no otro lugar, la respuesta más honesta es que no hubo una razón: el festival no fue elegido por lo que era, sino encontrado por casualidad en el camino hacia otros objetivos.

No todos los lugares atacados fueron el mismo tipo de objetivo

Hablar de "el ataque del 7 de octubre" como una sola cosa homogénea simplifica algo que hay que distinguir con cuidado, porque el derecho internacional humanitario no evalúa "el ataque" en abstracto: evalúa cada objetivo por separado.

Las bases e instalaciones militares atacadas ese día —Nahal Oz, Re'im, Zikim, Kissufim, entre otras— son, sin ambigüedad, objetivos militares legítimos bajo cualquier lectura del derecho internacional: soldados en servicio son combatientes, y atacar una base militar es, en sí mismo, un acto de guerra convencional.

Eso no vuelve aceptable todo lo ocurrido en esas bases —la ejecución de soldados que se habían rendido, documentado por Naciones Unidas y por organizaciones de derechos humanos israelíes, son violaciones del derecho internacional humanitario en sí mismas, con independencia de la legitimidad del objetivo original—, pero sí significa que atacar una base militar no es, por definición, un crimen de guerra del mismo tipo que atacar un festival de música.

El Festival Nova está en el extremo opuesto: no había ningún objetivo militar presente, ninguna instalación de defensa, ninguna infraestructura vinculada a las FDI. Fue, como mostramos arriba, población civil desarmada encontrada por casualidad.

Ahí se viola, de la forma más pura posible, lo que el derecho internacional humanitario llama principio de distinción: la regla, aceptada por prácticamente todos los sistemas jurídicos y códigos militares del mundo, de que un ataque debe dirigirse solo contra combatientes y objetivos militares, nunca contra población civil como tal.

Los kibutzim ocupan un lugar intermedio que merece explicación, no simplificación. Cada comunidad del "sobre de Gaza" cuenta, desde hace décadas, con una kitat konenut: un equipo civil de respuesta rápida, compuesto por residentes voluntarios (muchos de ellos exsoldados), armados con fusiles entregados y regulados por el Estado, coordinados con el Mando del Frente Interno y la División Gaza del Ejército, cuya función es contener un ataque hasta que lleguen las fuerzas regulares.

En Nir Oz, ese equipo tenía nueve integrantes armados —cuatro murieron— enfrentando a un estimado de 450 atacantes; en Kibutz Sufa, seis residentes armados resistieron durante horas hasta la llegada del Ejército.

Amnistía Internacional, en su propio informe sobre los crímenes de Hamás ese día, reconoce estas kitot konenut como lo que son: equipos de seguridad armados, formalmente vinculados a la estructura de defensa militar israelí.

Esto tiene una consecuencia jurídica precisa, y conviene decirla sin rodeos: mientras estuvieron activamente combatiendo, los miembros de esos equipos de defensa eran, bajo el derecho internacional humanitario, personas que participaban directamente en las hostilidades, lo que los convierte en objetivo legítimo durante ese combate de la misma manera en que cualquier civil que toma las armas pierde temporalmente su protección mientras combate.

Pero esto no se extiende, bajo ninguna lectura del derecho internacional, al resto de los residentes: los niños, los ancianos, las familias dormidas, quienes no portaban armas.

En Kfar Aza y Be'eri, según reportó la revista Commentary a partir de fuentes israelíes, los atacantes conocían de antemano en qué casas específicas vivían los integrantes de los equipos de seguridad —lo que sugiere selección deliberada de esos objetivos en algunos casos—, pero la inmensa mayoría de las más de 100 personas asesinadas en Be'eri y las más de 60 en Kfar Aza no eran combatientes de ningún tipo, sino exactamente lo que documentamos antes: familias, muchas de ellas activistas por la paz, ejecutadas en sus propias casas.

La distinción importa, entonces, no para matizar la condena sino para ser precisos sobre qué fue, técnicamente, un crimen de guerra sin ninguna zona gris (Nova, y la abrumadora mayoría de las muertes en los kibutzim) y qué fue un objetivo militar legítimo alcanzado, en algunos casos, con métodos que igualmente violaron el derecho internacional (la ejecución de combatientes rendidos en las bases militares).

Las advertencias que no se tradujeron en respuesta

Diez días antes del ataque, el propio jefe de inteligencia egipcio llamó personalmente al primer ministro Netanyahu para advertirle que Gaza preparaba "algo grande".

Días después, el Financial Times y la Associated Press reportaron, citando fuentes egipcias, que la advertencia se había repetido más de una vez.

El gobierno israelí lo negó categóricamente en su momento —"absolutamente falso", dijo la oficina del primer ministro—, aunque más tarde el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., tras revisar inteligencia clasificada, confirmó que Israel sí había recibido una advertencia egipcia tres días antes del ataque.

La alerta no vino solo de Egipto. Según reportó la televisión pública israelí (Kan), la propia Unidad 8200 —la unidad de inteligencia de señales del ejército israelí— distribuyó un documento el 19 de septiembre de 2023, casi tres semanas antes del ataque, detallando planes de Hamás para atacar bases y asentamientos y tomar hasta 250 rehenes. La cifra de rehenes que anticipaba ese documento coincide, de forma inquietante, con la cifra real. El documento, según el mismo reporte, fue desestimado por oficiales superiores.

Una frontera con 767 soldados

Hay un dato que no depende de ninguna interpretación política: el propio Contralor del Estado de Israel estableció que apenas 767 soldados custodiaban la frontera con Gaza esa madrugada, frente a más de 5.000 atacantes. La División Gaza, responsable de proteger el sur del país, quedó neutralizada por horas; el mando y control colapsó al punto de que el Estado Mayor no lograba formarse una imagen operativa de lo que estaba ocurriendo mientras el ataque se desplegaba.

Esto no fue accidental ni aislado: fue la consecuencia de una priorización sostenida durante años.

Un análisis del Institute for Defense Analyses —centro de estudios de defensa estadounidense financiado federalmente, autor del informe "Political Priorities, Poor Intelligence Tradecraft, and the Suppression of Dissenting Views" (2024)— concluyó que los líderes civiles israelíes dieron prioridad, de forma constante, a las amenazas de Cisjordania por sobre Gaza, y que "en respuesta a esa priorización, funcionarios militares y de inteligencia trasladaron recursos fuera de Gaza", debilitando la capacidad de vigilancia sobre Hamás.

Dos compañías de la Brigada de Comandos, unos 100 soldados, parte de las fuerzas de refuerzo con capacidad de respuesta rápida fueron trasladadas desde la frontera de Gaza hacia Huwara, en Cisjordania, apenas dos días antes del ataque, tras un tiroteo contra una familia israelí en esa localidad.

Seis días antes del ataque, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, había descartado públicamente la posibilidad de una ofensiva de Hamás.

¿Por qué no ha habido una comisión investigadora?

A casi tres años de lo sucedido, Israel no ha establecido una comisión investigadora estatal e independiente sobre el 7 de octubre. No es por falta de precedente ni de exigencia.

La ley israelí de 1968 sobre comisiones de investigación establece un mecanismo específico para catástrofes de esta escala: una comisión estatal, presidida obligatoriamente por un juez en ejercicio o retirado, cuyos integrantes son designados por el presidente de la Corte Suprema —no por el gobierno—, con potestad legal para citar testigos de forma obligatoria, exigir documentos y sancionar el perjurio.

Es el mismo mecanismo que investigó la guerra de Yom Kipur de 1973 (la Comisión Agranat) y, más recientemente, el desastre de Merón de 2021 —una estampida durante una celebración religiosa masiva en el norte de Israel que dejó 45 muertos, la peor tragedia civil en tiempos de paz de la historia del país.

Netanyahu se ha negado sistemáticamente a convocar una comisión estatal, argumentando que sus integrantes —elegidos por el presidente de la Corte Suprema— estarían sesgados en su contra.

En cambio, su gobierno impulsó en la Knesset una alternativa: una comisión "estatal-nacional" cuyos integrantes serían elegidos por el propio Parlamento, removiendo a la Corte Suprema de cualquier rol en su nombramiento o supervisión.

Un proyecto de ley posterior, presentado por un diputado del propio Likud, llegó a proponer prohibir explícitamente que jueces de la Corte Suprema, en ejercicio o retirados, pudieran integrar la comisión.

El desenlace, hasta donde llega esta entrega, ocurrió en las últimas semanas de julio de 2026.

La Corte Suprema le había dado al gobierno un plazo para avanzar con algún mecanismo. El gobierno, en cambio, informó a la Corte que no alcanzaría a aprobar ni siquiera su propia ley alternativa antes del receso parlamentario, citando "restricciones de agenda" —esto luego de que la Knesset se disolviera la semana anterior de cara a elecciones convocadas para el 27 de octubre de 2026.

El Consejo de Octubre, la agrupación de familias de víctimas y secuestrados que ha exigido la comisión desde el inicio, respondió con dureza: acusó al gobierno de haber "engañado" a la Corte y a la ciudadanía durante meses, pidiendo tiempo con la única intención de nunca investigar, y solicitó que la Corte acuse personalmente a Netanyahu de desacato.

Casi tres años después de la masacre, y a las puertas de una elección, Israel llega sin ningún mecanismo de investigación en funcionamiento —ni el estatal que exigen las familias, ni siquiera la alternativa política que el propio gobierno decía preferir.

Lo que sí existe, mientras tanto, son investigaciones parciales: el informe del Contralor del Estado sobre la falla de despliegue fronterizo que ya citamos, investigaciones periodísticas como la de Haaretz sobre la Doctrina Hannibal, y evaluaciones internas de las FDI y el Shin Bet sobre sus propias fallas de inteligencia.

Son valiosas y son, de hecho, la fuente de buena parte de lo que hemos reconstruido en esta entrega —pero ninguna tiene la potestad legal de una comisión estatal para citar testigos bajo obligación, acceder a todos los documentos clasificados, y establecer responsabilidades individuales con la fuerza de una investigación judicial.

Que un país que investigó con ese nivel de rigor una tragedia religiosa (Merón, 45 muertos) se resista, casi tres años después, a investigar con la misma herramienta la peor catástrofe de su historia (más de 1.150 muertos) no es un detalle menor: es, en sí mismo, parte de la historia que hay que contar.

La Doctrina Hannibal

Este es el punto más delicado de esta entrega, y lo tratamos con el cuidado que exige: no para restar responsabilidad a Hamás por los asesinatos y secuestros que cometió, sino porque toca directamente algo que Fernando nos preguntó sin saberlo —qué pasó exactamente ese día— y que el propio Israel sigue esclareciendo.

La "Directiva Hannibal" es un protocolo militar israelí, vigente en distintas formas desde los años 80, que autoriza a las fuerzas israelíes a usar la fuerza —incluyendo fuego que puede resultar letal— para impedir que un soldado sea capturado con vida por un enemigo, incluso a riesgo de matar al propio secuestrado.

En julio de 2024, una extensa investigación de Haaretz, basada en documentos y testimonios de soldados y oficiales, estableció que la directiva fue invocada de forma amplia el 7 de octubre en varias bases militares infiltradas por Hamás, y que a las 11:22 de la mañana se emitió la orden "ningún vehículo puede volver a Gaza" —una orden que, según la propia investigación, los mandos sabían que podía costar la vida de rehenes israelíes que iban en esos vehículos.

En diciembre de 2025, el propio Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel el 7 de octubre, confirmó en televisión israelí que la directiva se aplicó "tácticamente" y "en varios lugares" junto a la frontera de Gaza, reconociendo el problema de que "en otros lugares no se dio, y eso es un problema".

Lo que todavía no está establecido con el mismo nivel de certeza es la magnitud: cuántas de las muertes israelíes del 7 de octubre son atribuibles a este protocolo y no al fuego de Hamás.

Las estimaciones circulan —algunas fuentes hablan de un número significativo de bajas—, pero no hemos encontrado una cifra que cumpla el estándar de verificación que nos exigimos, y por eso no la reproducimos aquí.

Lo que sí está confirmado, por la propia prensa israelí y por un exministro de Defensa israelí, es que el protocolo se activó, y que una parte —no determinada— de las muertes israelíes de ese día no fue causada por los atacantes, sino por las propias fuerzas israelíes intentando evitar secuestros.

Nada de lo anterior mueve un milímetro la responsabilidad de quienes cruzaron la frontera esa mañana matando y secuestrando civiles: esa responsabilidad es plena, y en el siguiente artículo vamos a ocuparnos de dónde viene ese actor y por qué llegó a ese punto.

Vamos a revisar quién es Hamás, de dónde viene, y por qué buena parte de esa historia está ligada —de un modo que sorprende a quien no la conoce— a decisiones tomadas por el propio Estado de Israel.

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