Violencia Sexual

Lo que oculta la controversia Nethanyahu - New York Times

El 11 de mayo de 2026, el New York Times publicó una columna del periodista Nicholas Kristof titulada "El silencio ante la violación de los palestinos". El texto reunía testimonios de 14 hombres y mujeres palestinos que describían violencia sexual sistemática en cárceles israelíes, a manos de soldados, guardias penitenciarios e interrogadores del Shin Bet.

Al día siguiente, una comisión civil israelí publicó un informe de 300 páginas que documentaba la violencia sexual cometida por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

El gobierno de Netanyahu amenazó con demandar al Times por difamación. El Ministerio de Relaciones Exteriores describió la columna de Kristof como 'una de las mentiras más horribles jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna' y la calificó de 'libelo de sangre'.

La elección del término no es casual.

El libelo de sangre es la acusación medieval que durante siglos sirvió para justificar masacres de comunidades judías en Europa: la calumnia de que los judíos asesinaban niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos.

Invocar esa memoria frente a una columna periodística sobre torturas en cárceles equipara la crítica a Israel con el antisemitismo histórico más brutal, y blinda así al Estado de cualquier escrutinio legítimo bajo la amenaza de ser acusado de odio hacia los judíos.

Los documentos en disputa: qué dice cada uno y qué credibilidad tienen

El informe Silenced No More fue elaborado por la Comisión Civil sobre los Crímenes del 7 de Octubre contra Mujeres y Niños, fundada en noviembre de 2023 por la jurista israelí Cochav Elkayam-Levy. El documento es extenso —300 páginas— y se basa en más de 430 entrevistas y 10.000 fotografías y videos.

Sin embargo, la credibilidad del informe tiene serias limitaciones. Su fundadora, Elkayam-Levy, es sobrina de Yaakov Bardugo, descrito por el Jerusalem Post como "activista político estrechamente asociado a Netanyahu". Tiene además antecedentes documentados de difusión de información falsa: The Times de Londres reportó en junio de 2024 que difundió fotografías de soldadas kurdas muertas presentándolas como víctimas israelíes, y publicó el relato de una embarazada con el feto extraído —una de las falsedades originadas en ZAKA, la organización israelí de rescate cuyos testimonios Biden repitió públicamente al declarar haber visto fotografías de bebés decapitados, afirmación que la Casa Blanca debió aclarar era falsa.

Otro elemento que levanta dudas es la salida de la mayor experta israelí en la materia. Ruth Halperin-Kaddari —doce años vicepresidenta del Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer—abandonó la comisión por discrepancias metodológicas con su fundadora y no avaló el informe final.

La columna de Kristof presenta problemas distintos pero igualmente serios.

Kristof es un columnista con dos premios Pulitzer y décadas de cobertura de abusos en el mundo, pero tiene un antecedente documentado que es pertinente aquí: en 2014 publicó una larga disculpa por haber respaldado durante años a la activista camboyana Somaly Mam, cuyas historias sobre tráfico sexual resultaron ser ficticias.

En esta columna,aparece que uno de los pocos testigos identificados con nombre propio, Issa Amro, había declarado al Washington Post en febrero de 2024 que fue amenazado con agresión sexual durante su detención —un relato materialmente distinto al que le entregó a Kristof, donde la agresión efectivamente ocurrió.

Además. el ex primer ministro Ehud Olmert, cuya cita Kristof usó para validar su argumento, aclaró públicamente que sus palabras no implicaban confirmar las afirmaciones más graves de la columna.

Y el propio texto contiene una contradicción cuando describe la violencia como "sistemática" y "frecuente" en la misma columna donde admite que "es imposible saber qué tan común es".

Israel tiene razón en señalar esas debilidades para rebatir la columna, pero nada de eso invalida el contundente expediente construido no por columnistas ni por comisiones civiles, sino por la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones israelíes de derechos humanos y cuya credibilidad no está en disputa.

Lo que la ONU, Amnistía y B'Tselem documentaron

En noviembre de 2025, el Comité de la ONU Contra la Tortura emitió una de las caracterizaciones más graves que ese organismo puede pronunciar sobre un Estado: describió las prácticas de Israel en sus centros de detención como una "política de facto del Estado de tortura organizada y generalizada". No es una acusación política. Es la conclusión formal de un comité creado por tratado internacional, con mandato específico para examinar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura.

En marzo de 2026, la Relatora Especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe titulado 'Tortura y Genocidio', específicamente dedicado al sistema carcelario israelí. Sus cifras son precisas: desde octubre de 2023, más de 18.500 palestinos han sido detenidos en los territorios ocupados, incluyendo al menos 1.500 niños. Miles permanecen detenidos sin cargos ni juicio. Casi 100 han muerto en custodia. El informe documenta las formas concretas de abuso: violación con botellas, varillas metálicas y cuchillos, inanición, fractura de huesos y dientes, quemaduras, escupitajos, y ataques de perros. Las políticas que institucionalizaron estas condiciones, señala el informe, fueron impuestas por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. 'Un sistema que durante mucho tiempo se usó para dominar, degradar y quebrar a los palestinos ha evolucionado y se ha endurecido hasta convertirse en doctrina de Estado', concluyó Albanese.

El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), Thameen Al-Kheetan, fue igualmente directo el 17 de mayo de 2026, en respuesta a preguntas sobre la columna de Kristof: "La tortura y los malos tratos, incluyendo violencia sexual y de género, son perpetrados sistemáticamente contra prisioneros palestinos bajo custodia israelí. Esto incluye numerosos casos de violación, incluyendo a niños." La misma oficina confirmó la muerte de al menos 90 detenidos palestinos en custodia israelí desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos un menor de 17 años que presentaba signos de inanición al momento de su muerte.

Amnistía Internacional documentó entre febrero y junio de 2024 los testimonios de 27 ex detenidos, todos civiles —veinte hombres, seis mujeres y un niño de 14 años— arrestados en distintos puntos de Gaza. Todos describieron torturas sistemáticas.

B'Tselem —organización israelí de derechos humanos fundada en 1989, con credibilidad indiscutida dentro de la sociedad civil israelí— publicó en agosto de 2024 un informe que tituló sin eufemismos "Welcome to Hell" ("Bienvenido al Infierno"). El documento describe el sistema de detención israelí como una "red de campos de tortura" y recoge testimonios exhaustivos de ex detenidos. The Guardian entrevistó de manera independiente a ex prisioneros palestinos que corroboraron cada aspecto del informe. Médicos por los Derechos Humanos Israel documentó que entre octubre de 2023 y noviembre de 2025 al menos 98 detenidos palestinos murieron en instalaciones israelíes.

Human Rights Watch analizó 37 publicaciones en redes sociales de soldados israelíes mostrando a detenidos palestinos —hombres, adolescentes, niños— desnudados, vendados y esposados. La Comisión Independiente de la ONU concluyó que esos actos "fueron ordenados o tolerados por las autoridades israelíes, dada su frecuencia y el hecho de que ocurrieron en múltiples ubicaciones". HRW fue precisa: la desnudez pública forzada seguida de captura y difusión de imágenes constituye una forma de violencia sexual y un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario. Estas imágenes no provienen de fuentes palestinas. Las publicaron los propios soldados.

Sde Teiman: cuando Israel se acusó y luego se absolvió

En julio de 2024, cinco reservistas israelíes fueron acusados por la propia fiscalía militar de Israel de sodomizar a un prisionero palestino en el centro de detención de Sde Teiman, un campo en el desierto del Néguev. El caso llegó a conocimiento público solo porque las lesiones fueron tan graves que la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital civil. B'Tselem fue explícita: "Sde Teiman es el único caso que llegó al público israelí, pero conocemos muchos más. Solo llegó porque las lesiones fueron imposibles de ocultar."

Lo que ocurrió después es igualmente revelador del sistema. Políticos de extrema derecha, incluyendo el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, protestaron públicamente en defensa de los acusados. En marzo de 2025, el Estado israelí desestimó todos los cargos. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, declaró que la decisión "marca otro capítulo inadmisible en la larga historia del sistema judicial israelí de otorgar impunidad a los perpetradores de crímenes graves contra palestinos". El primer ministro Netanyahu celebró públicamente el sobreseimiento, declarando que "el Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes".

El silencio como política

Lo que distingue esta situación de otros conflictos graves no es solo la escala documentada de los crímenes. Es la arquitectura de la impunidad que los rodea, y la participación activa de los Estados que podrían interrumpirla.

Israel ha bloqueado sistemáticamente toda supervisión independiente. Ha negado el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a sus centros de detención: en octubre de 2024, el ministro de Defensa renovó formalmente esa prohibición. La pregunta que esa decisión plantea es simple: si las condiciones de detención son legales y humanas, ¿por qué bloquear el acceso a la organización humanitaria más neutral del mundo?

Israel ha rechazado también las solicitudes de la relatora especial de la ONU para investigar la violencia sexual contra palestinos detenidos. Ha impugnado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ha amenazado con demandar a los medios que publican las denuncias. Netanyahu ha bloqueado la creación de una comisión política independiente que investigue lo ocurrido el 7 de octubre y la respuesta militar posterior.

Pero la impunidad no se sostiene sola. Se sostiene con el silencio y la complicidad activa de los Estados que tienen capacidad de actuar y han elegido no hacerlo.

Estados Unidos impuso sanciones contra el propio fiscal de la Corte Penal Internacional cuando este solicitó órdenes de arresto contra dirigentes israelíes. Francia argumentó problemas de jurisdicción para no ejecutarlas. Polonia garantizó inicialmente el libre paso a Netanyahu para asistir a un evento conmemorativo.

Este no es un problema de información. Las instituciones internacionales han construido, con estándares probatorios precisos y durante más de dos años, un expediente que documenta torturas sistemáticas, violencia sexual institucionalizada y muertes en custodia. El expediente existe, es público y es accesible para cualquier gobierno que quiera leerlo. Los Estados que guardan silencio no lo hacen por ignorancia. Lo hacen por elección.

Por qué este artículo

La polémica entre el New York Times y el gobierno israelí pasará. Los problemas metodológicos de Kristof serán debatidos, las amenazas de demanda de Netanyahu serán olvidadas, y otro ciclo de noticias ocupará su lugar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una disputa sobre credibilidades reemplaza a la discusión sobre hechos.

Los hechos, en este caso, son los siguientes: el Comité de la ONU Contra la Tortura describió las prácticas israelíes de detención como una política de Estado. La Relatora Especial de la ONU documentó un sistema carcelario convertido en laboratorio de crueldad. La OHCHR documentó violencia sexual sistemática, incluyendo violaciones a niños, en custodia israelí. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B'Tselem construyeron un registro consistente de torturas, muertes en custodia e impunidad. Israel ha bloqueado toda investigación independiente y ha negado el acceso a sus instalaciones de detención —incluyendo el de la Cruz Roja Internacional.

Ninguna de estas instituciones es un medio árabe. Ninguna es una organización pro-palestina. Son las instituciones que la comunidad internacional construyó después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para que esto no volviera a ocurrir.

La pregunta que este artículo deja abierta no es sobre Israel. Es sobre nosotros: sobre qué significa, para cada gobierno que guarda silencio, para cada ciudadano que mira hacia otro lado, que toda esta documentación exista y que el mundo haya optado, por ahora, por tratarla como ruido de fondo.