Tierra quemada

La violencia de los colonos en Cisjordania y la complicidad del Estado israelí

Hay una guerra que no sale en los titulares con la frecuencia que merece.

No ocurre en Gaza, aunque comparte sus causas profundas.

Ocurre en Cisjordania, en aldeas beduinas sin nombre conocido, en campos de olivos que han existido durante siglos, en casas donde familias llevan décadas viviendo.

Ocurre de madrugada, con antorchas.

Ocurre de día, con rifles.

Ocurre siempre, con total impunidad.

Lo que ocurre en Cisjordania hoy es una violencia sistemática, documentada por las propias Naciones Unidas, por organizaciones israelíes de derechos humanos como B'Tselem y Yesh Din, por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ignorarla no es neutralidad: es complicidad.

 Los números: un récord de violencia

Las cifras que siguen provienen exclusivamente de fuentes primarias: la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y las organizaciones israelíes de derechos humanos B'Tselem y Yesh Din.

En 2025, la OCHA documentó 1.680 ataques de colonos israelíes contra palestinos en más de 270 comunidades de Cisjordania, un promedio de cinco ataques diarios. Ese año, 240 palestinos fueron asesinados en Cisjordania —incluyendo 55 niños—, la inmensa mayoría por las fuerzas israelíes, y al menos nueve directamente a manos de colonos. Más de 830 palestinos fueron heridos en ataques exclusivamente perpetrados por colonos. El informe anual del OHCHR, que cubre el período entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, contabilizó 1.732 incidentes de violencia colona con víctimas o daños materiales.

Desde el 7 de octubre de 2023 y hasta principios de 2026, el OHCHR verificó que fuerzas israelíes y colonos habían matado a 1.030 palestinos en Cisjordania, incluidos 233 niños. Eso equivale a más de un palestino asesinado cada día durante más de dos años.

El año 2025 superó todos los registros anteriores. El mes de octubre de 2025 fue, según la OCHA, el de mayor número de ataques de colonos desde que el organismo comenzó a documentarlos en 2006, con más de 260 incidentes solo en ese mes. En paralelo, en 2025 se establecieron 86 nuevos puestos de avanzada ilegales —un récord— según Peace Now, la organización israelí que monitorea la expansión de asentamientos.

En 2026, la escalada no se detuvo. En marzo de ese año, Human Rights Watch reportó que en el transcurso de 11 días, colonos armados —tres de ellos con uniformes militares— habían asesinado a cinco palestinos. La organización israelí Yesh Din señaló que, de los cientos de casos de violencia colona documentados desde octubre de 2023, apenas el 3% resultó en una condena judicial. 

Huwara, febrero de 2023: el primer pogrom reconocido

El 26 de febrero de 2023, cientos de colonos israelíes irrumpieron de noche en Huwara, una localidad palestina al sur de Nablus, y en las aldeas vecinas de Zaatara, Burin y Asira al-Qibliya. Incendiaron vehículos, casas, negocios. Atacaron con barras de hierro, palos y armas de fuego. Los soldados del ejército israelí, presentes en la zona, no intervinieron.

Samih al-Aqtash tenía 37 años. Era padre de cinco hijos. Había regresado cinco días antes de Turquía, donde había ido como voluntario para ayudar a las víctimas del terremoto. Fue alcanzado por un disparo en el estómago mientras los colonos arrasaban su aldea. Murió esa noche.

Una investigación de CNN, publicada meses después y basada en videos del lugar, testimonios exclusivos de un soldado israelí y entrevistas con siete testigos oculares, demostró que los militares "simplemente dejaron que avanzaran". La Fiscalía General israelí abrió investigaciones, pero de las casi 400 personas que participaron en el pogrom, solo 18 fueron detenidas inicialmente, y la mayoría fue liberada en pocas horas sin acusación formal.

El general israelí al mando de las operaciones en Cisjordania, mayor general Yehuda Fuchs, fue el propio oficial israelí que utilizó la palabra "pogrom" para describir lo ocurrido. Lo definió como "un pogrom cometido por delincuentes". La palabra es exacta: un pogrom es un ataque organizado de una mayoría contra una minoría, con la complicidad o la pasividad del poder estatal. Eso fue Huwara.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, responsable de la administración civil de Cisjordania y él mismo habitante de un asentamiento ilegal, declaró días después: "Creo que el pueblo de Huwara debe ser borrado del mapa. Creo que el Estado de Israel debería hacerlo." Otro diputado de la coalición, Zvika Fogel, celebró la violencia en televisión: "Huwara fue cerrada y quemada. Eso es lo que quiero ver." 

Rostros concretos: los que tienen nombre

Laila Khatib tenía dos años. El 25 de enero de 2025, fue alcanzada en la cabeza por una bala disparada por fuerzas de seguridad israelíes mientras estaba dentro de su casa, en la aldea de Ash-Shuhada, en Jenin. Su nombre fue documentado por el OHCHR.

Zahriya Joudeh al-Obaid tenía 66 años. El 25 de junio de 2025, estaba de pie en el techo de su casa en el campo de refugiados de Shu'fat, al norte de Jerusalén Este, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en la zona. Fue disparada en la cabeza. Su marido, Joudah Al-Obeidi, de 67 años, declaró a Al Jazeera que ella no representaba ninguna amenaza.

Walid Badir tenía 61 años. El 3 de julio de 2025, volvía a casa en bicicleta tras la oración del viernes, cruzando las afueras del campo de Nur Shams. Las fuerzas israelíes lo mataron a tiros. El OHCHR lo documentó como parte de un patrón de uso de fuerza letal desproporcionada.

Rayan Tamer Houshieh tenía 15 años. Fue asesinado durante una incursión israelí en Al-Yamoun, al oeste de Jenín. Recibió un disparo en el cuello y murió poco después.

Ammar Hamayel tenía 13 años. Fue asesinado el 23 de junio de 2025 durante un ataque de colonos en Kafr Malek, al noreste de Ramallah. Los colonos llegaron en grupo, incendiaron vehículos y casas.

Aws al-Naasan tenía 14 años. Fue asesinado el 28 de abril de 2026, junto a Jihad Abu Naim, de 32 años, cuando colonos y soldados abrieron fuego en la aldea de al-Mughayyir, cerca de Ramallah. Los colonos dispararon primero contra estudiantes en una escuela.

Sayfollah Musallet tenía 20 años y era ciudadano estadounidense-palestino. El 11 de julio de 2025, una turba de colonos lo rodeó durante tres horas en Sinjil, al norte de Ramallah. Lo golpearon hasta matarlo. Los atacantes también impidieron el acceso de los paramédicos. Mohammad al-Shalabi, también presente en el mismo ataque, fue encontrado muerto más tarde: había sido baleado en el pecho y el proyectil le atravesó la espalda. Según el Ministerio de Salud palestino, fue dejado a sangrar durante varias horas.

Fuentes: OHCHR, OCHA, Reuters, Al Jazeera (reportaje de campo), CBC News, Ministerio de Salud palestino. 

La estructura de la impunidad

La violencia de los colonos no es un fenómeno de "extremistas marginales", como suele encuadrarse en los medios occidentales. Es una política de Estado, o al menos una política tolerada activamente por el Estado.

El informe del OHCHR de 2026 lo formuló con claridad: la violencia colona se produce "de manera coordinada, estratégica y en gran medida sin oposición, con las autoridades israelíes desempeñando el papel central de dirigir, participar o posibilitar esta conducta".

¿Cómo funciona en la práctica esta estructura? En primer lugar, los colonos actúan bajo la protección física de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Hay innumerables testimonios y videos que muestran a soldados observando los ataques sin intervenir, o disparando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los palestinos que intentan defenderse, mientras los colonos queman sus propiedades. En Huwara, un soldado israelí declaró a CNN: "Simplemente los dejamos avanzar".

En segundo lugar, miles de colonos han sido integrados como reservistas en las propias FDI. La organización israelí Yesh Din publicó un informe en febrero de 2026 titulado "Colonos en uniforme", documentando cómo reservistas activos con antecedentes de delitos ideológicamente motivados utilizan sus armas y uniformes militares para atacar a palestinos, tanto en servicio como fuera de él. Un reservista en ropa de civil disparó en Deir Jarir en diciembre de 2025. Otro fue investigado por matar a un palestino en la misma aldea en abril de 2026.

En tercer lugar, la impunidad judicial es casi total. Yesh Din documentó que solo el 3% de los casos de violencia colona desde octubre de 2023 resultó en una condena. El OHCHR señala que "la persistente y generalizada impunidad facilita y alienta la violencia".

En cuarto lugar, los propios ministros israelíes a cargo de la seguridad en Cisjordania son colonos radicales. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, controla la administración civil del territorio. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, controla la policía fronteriza. Ambos han incitado públicamente a la violencia o la han celebrado. Ben Gvir tiene condenas previas por apoyar una organización terrorista.

En quinto lugar, el gobierno israelí financia directamente los puestos de avanzada desde los que se organizan los ataques. Según Amnistía Internacional, los puestos ilegales —86 nuevos solo en 2025— son financiados por el Ministerio de Agricultura israelí y protegidos militarmente. Desde esos puestos, los colonos expulsan a pastores beduinos de sus tierras, destruyen cosechas, envenenan pozos de agua y atacan aldeas. 

El desplazamiento forzado como estrategia

La violencia no es solo física. Es también un instrumento de expulsión territorial sistemática. Desde enero de 2023, más de 700 familias palestinas —unas 3.900 personas— han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia directa de la violencia colona y las restricciones de acceso que impone el ejército israelí, según la OCHA.

El mecanismo es el siguiente: se establece un nuevo puesto de avanzada ilegal en tierras agrícolas palestinas. Los colonos del puesto comienzan a hostigar sistemáticamente a las familias vecinas: destruyen sus pozos de agua, atacan a sus rebaños, incendian sus cosechas, invaden sus hogares de noche. El ejército no interviene. La familia soporta semanas o meses de ataques. Finalmente, abandona.

En Khirbet Yanun, Nablus, las últimas seis familias que quedaban —aquellas que habían vivido allí durante más de 60 años— fueron finalmente desplazadas en diciembre de 2025 por ataques de colonos. La aldea quedó vacía.

En Rantis, tras el establecimiento de un nuevo puesto de avanzada en septiembre de 2024, se documentaron 17 ataques de colonos en menos de un año, frente a uno solo en los siete años anteriores.

B'Tselem documentó que en 2025, 21 comunidades palestinas fueron total o parcialmente vaciadas de sus habitantes como resultado de la violencia colona respaldada por el Estado. Según el OHCHR, el desplazamiento permanente de población civil dentro de un territorio ocupado constituye una transferencia ilegal, una infracción grave del Cuarto Convenio de Ginebra y, dependiendo de las circunstancias, puede constituir un crimen de lesa humanidad. 

Los olivos y el pan: la violencia económica

La temporada de cosecha de aceitunas es, en Palestina, mucho más que una faena agrícola. Es un rito cultural, el sustento de incontables familias, la conexión material más directa con una tierra que los colonos intentan confiscar. Y es también el momento en que la violencia alcanza sus picos más altos.

En octubre de 2025, el mes de mayor violencia registrada desde 2006, la OCHA documentó 150 ataques relacionados con la cosecha de aceitunas en 77 aldeas, dejando a 140 palestinos heridos y más de 4.200 árboles vandalizados.

A lo largo de 2025, más de 6.000 árboles y plantones fueron destruidos, el doble que en 2024 y tres veces más que en 2020. La cifra real de daño económico es mucho mayor: según datos del OHCHR, 96.000 dunams de olivares quedaron sin cosechar en 2023, con pérdidas superiores a 10 millones de dólares para los agricultores palestinos.

Iyad, un agricultor de Burqa, Nablus, cuyo tractor fue incendiado por colonos en diciembre de 2025, declaró a la OCHA: "Mi tractor era todo para mi trabajo y el sustento de mi familia".

Los colonos también atacan infraestructura hídrica crítica.

En julio de 2025, múltiples ataques al manantial de Ein Samiya dañaron los pozos y las redes de distribución de agua que abastecen a unos 100.000 palestinos en 20 aldeas de la región de Ramallah. La empresa israelí de agua Mekorot redujo además el suministro en un 10-15% a comunidades de Ramallah y Jerusalén, sin dar explicación. 

Una discriminación institucionalizada: la ley como arma

El desplazamiento no siempre llega con fuego. A veces llega con documentos judiciales.

Cisjordania está dividida en zonas: la Zona A, bajo administración palestina; la Zona B, civil palestina pero seguridad israelí; y la Zona C, bajo control civil y militar israelí. La Zona C abarca el 60% del territorio de Cisjordania y es donde vive la mayor parte de los colonos.

En la Zona C, los palestinos no pueden construir sin permiso israelí. Esos permisos son, en la práctica, imposibles de obtener: en 2025, la OCHA documentó la demolición de más de 1.300 estructuras palestinas por carecer de permisos israelíes, incluyendo más de 300 viviendas habitadas. Entre 2009 y 2022, más de 13.000 palestinos habían sido desplazados solo por demoliciones.

En Jerusalén Este, las desposesiones adoptan otra forma: demandas judiciales de organizaciones de colonos que alegan títulos de propiedad anteriores a 1948.

La organización Ateret Cohanim ha presentado demandas contra más de 90 familias en el barrio de Batn al-Hawa, en Silwan, reclamando que la tierra perteneció a propietarios judíos hace más de un siglo. El Tribunal Supremo israelí ha validado algunas de estas demandas.

El OHCHR señaló en junio de 2025 que esos fallos "se basan en leyes discriminatorias que permiten a los individuos judíos reclamar propiedades perdidas en la guerra de 1948, mientras niegan a los palestinos el mismo derecho".

En diciembre de 2025, el gabinete de seguridad israelí aprobó la creación de 19 nuevos asentamientos, llevando el total aprobado por la coalición gobernante desde 2023 a 68 —y el número total de asentamientos oficiales a aproximadamente 210. Alrededor de 750.000 israelíes viven hoy ilegalmente en Cisjordania y Jerusalén Este, según el derecho internacional. 

La respuesta del mundo: palabras sin consecuencias

La comunidad internacional ha condenado repetidamente estos actos. La Corte Internacional de Justicia determinó en 2024 que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y debe terminar. Una resolución de la Asamblea General de la ONU estableció septiembre de 2025 como fecha límite para que Israel ponga fin a su presencia ilegal. Israel ignoró ambas resoluciones.

La administración Biden impuso sanciones limitadas a colonos individuales en 2024. El primer día de la administración Trump, en enero de 2025, esas sanciones fueron revocadas. Amnistía Internacional señaló que este gesto fue ampliamente interpretado como una autorización tácita para continuar la violencia. Desde entonces, los ataques se dispararon.

La ONG israelí Yesh Din concluye que de cientos de casos documentados desde octubre de 2023, solo el 3% resultó en condena.

Human Rights Watch exige la suspensión del apoyo militar al Estado israelí y la revisión de acuerdos bilaterales como el Acuerdo de Asociación UE-Israel.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha llamado a investigaciones independientes y efectivas y a que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Hasta ahora, las palabras no han tenido consecuencias materiales. 

Por qué nos importa

AJDA existe porque entendemos que el compromiso con los derechos humanos no tiene excepciones étnicas. Ser judíos y defender los derechos palestinos no es una contradicción: es la consecuencia más directa de nuestra historia y de nuestros valores.

Lo que documentan la ONU, B'Tselem, Yesh Din y Human Rights Watch en Cisjordania no es una guerra entre iguales ni una situación moralmente ambigua. Es la violencia organizada de una potencia ocupante —con el respaldo de su Estado, de sus militares y de sus ministros— contra una población civil desarmada que no tiene a nadie que la proteja.

Los colonos queman casas; los soldados observan; los ministros aplauden; los tribunales desalojan; y el mundo condena con palabras que no cuestan nada.

Laila Khatib tenía dos años cuando le dispararon en la cabeza dentro de su casa. Ammar Hamayel tenía 13. Aws al-Naasan tenía 14. Sayfollah Musallet tenía 20. Samih al-Aqtash tenía 37 y había vuelto de ayudar a los damnificados del terremoto de Turquía. Walid Badir tenía 61 y volvía a casa en bicicleta después de rezar.

Sus nombres merecen ser pronunciados.

Fuentes principales

• OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU): Humanitarian Situation Updates #316, #332, #333, #337, #343, #346, #350, #352 — West Bank, 2025-2026.

• OHCHR (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos): Israel's Settlement Expansion Drives Mass Displacement in West Bank, marzo de 2026; Israel Must Stop Killings and Home Demolitions, julio de 2025.

• Human Rights Watch: West Bank: Israel Responsible for Rising Settler Violence, abril de 2024; In the Shadow of War, Settler Violence Intensifies, marzo de 2026.

• Amnistía Internacional: Global Impunity Fueling Israel's Unlawful Annexation Measures in the West Bank, febrero de 2026.

• B'Tselem (organización israelí de derechos humanos): During the Huwarah Pogrom; informes 2023-2026.

• Yesh Din (organización israelí de derechos humanos): Settlers in Uniform, febrero de 2026.

• CNN: Huwara: The settler attack on this West Bank town was called a 'pogrom'. Investigation, junio de 2023.

• The Times of Israel: Settler extremists sowing terror, Huwara riot was a 'pogrom', top general says, febrero de 2023.

• Peace Now (organización israelí de monitoreo de asentamientos): datos sobre nuevos outposts 2025.

• Reuters, CBC News: reportajes de campo sobre víctimas individuales, verificados con fuentes gubernamentales y sanitarias palestinas e israelíes.