Terroristas o Movimiento de liberación nacional

¿Es Hamás un movimiento de liberación nacional o una organización terrorista? La pregunta mezcla dos cosas distintas: qué es una organización, que se mide con criterios jurídicos, y qué actos comete, que se juzgan uno a uno.

En julio de 2008, el presidente George W. Bush promulgó una ley que retiró a Nelson Mandela y al Congreso Nacional Africano (ANC) de las listas de vigilancia antiterrorista de Estados Unidos.

Habían sido incluidos en 1988 por su lucha armada contra el apartheid (y por sus vínculos con grupos comunistas).

Así, el hombre que en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz, y que luego presidió Sudáfrica, siguió figurando quince años más como sospechoso de terrorismo.

Oslo lo consagraba como adalid de la paz mientras Washington lo trataba como terrorista.

Si la misma persona puede ser ambas cosas a la vez, la etiqueta no describe a quien la recibe: revela la arbitrariedad de quien la asigna.

El episodio condensa la tesis de este artículo, que tiene dos partes y ninguna contradice a la otra.

1. La categoría «movimiento de liberación nacional» tiene criterios jurídicos identificables. La etiqueta «organización terrorista», en cambio, carece de una definición universalmente aceptada y, en la práctica, se asigna según conveniencias políticas.

2. Nada de eso vuelve inmune a ningún movimiento. Los actos terroristas sí pueden identificarse y condenarse, y cometerlos no le quita a una organización su carácter de movimiento de liberación nacional.

Qué es un movimiento de liberación nacional

No existe un tratado que defina el concepto en una frase, pero sí un conjunto de criterios que el derecho internacional usa desde hace décadas. Su base es el derecho de los pueblos a la libre determinación, reconocido en la Carta de la ONU y desarrollado por las resoluciones de la Asamblea General sobre descolonización.

La formulación jurídica más precisa está en el artículo 1(4) del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (1977). Este artículo aplica las reglas de los conflictos armados internacionales a aquellos en que «los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación».

De ahí salen tres criterios verificables:

• Sujeto: un pueblo, no cualquier grupo con una causa.

• Objetivo: la libre determinación.

• Adversario: una potencia colonial, una ocupación extranjera o un régimen racista.

Terrorismo: la definición que no existe

Los Estados han condenado el terrorismo en decenas de resoluciones y han firmado convenciones sectoriales que tipifican actos concretos: secuestro de aeronaves, atentados con bombas, financiamiento. Lo que no han logrado es acordar una definición general.

La ONU abrió en 1996 la negociación de un convenio global, que según el diplomático srilanqués Rohan Perera, presidente del comité que la conducía, estuvo cerca de un acuerdo en 2001. Desde entonces la negociación quedó estancada (IPS). La razón es política: nadie quiere una definición que alcance a sus aliados. Los países árabes e islámicos exigen dejar fuera a los pueblos que luchan contra una ocupación, pensando en Palestina, mientras Estados Unidos, Israel y sus aliados se niegan a que cubra a las fuerzas armadas de los Estados.

Sin definición común, no existe una lista universal de «organizaciones terroristas». Las listas reflejan las decisiones políticas de quien las confecciona

La prueba más clara de que la etiqueta es política es que cambia con el tiempo y con quien habla, mientras la organización sigue siendo la misma.

El ANC. El régimen del apartheid lo declaró organización terrorista. En 1987, Margaret Thatcher lo describió como «típica organización terrorista». Estados Unidos mantuvo a Mandela y al ANC en sus listas hasta 2008.

El Irgún y el Leji. Las autoridades británicas del Mandato los calificaron de terroristas. Dos de sus dirigentes, Menájem Beguin e Itzjak Shamir, llegaron a ser primeros ministros de Israel. Beguin recibió además el Nobel de la Paz en 1978.

El FLN argelino y otros movimientos anticoloniales recorrieron el mismo camino: «terroristas» para la metrópoli mientras duró el conflicto, interlocutores y gobiernos después.

La etiqueta no describe una propiedad estable de la organización. Describe la relación entre quien la usa y quien la recibe: el que combate al poder establecido es «terrorista» para ese poder y sus aliados, y deja de serlo cuando el poder cambia de manos o de conveniencia.

Los actos sí pueden ser terroristas, y el movimiento sigue siendo de liberación

Que la etiqueta sea política no significa que todo valga. El derecho distingue dos preguntas que suelen mezclarse:

1. ¿Quién es el sujeto político? Esto se responde con los criterios de arriba: un pueblo, la libre determinación, un adversario colonial, ocupante o racista.

2. ¿Cómo combate? Esto se responde con el derecho internacional humanitario, que se aplica por igual a todas las partes, sin importar la causa que defiendan.

El derecho humanitario prohíbe, para todos, los actos de violencia cuyo propósito principal sea sembrar el terror entre la población civil. Nada exime a un movimiento de liberación de esas reglas, y nada le retira su condición por infringirlas. Se juzga el acto y a quien lo cometió.

La historia ofrece ejemplos de movimientos legítimos que cometieron actos terroristas:

• ANC. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica concluyó que el apartheid fue un crimen de lesa humanidad y, a la vez, que el ANC cometió violaciones graves, entre ellas atentados que mataron civiles, como el de Church Street (Pretoria, 1983).

• Irgún. El atentado contra el hotel Rey David, en Jerusalén, en 1946.

• FLN. Los atentados contra cafés en Argel, en 1956-1957.

La distinción permite rechazar dos posturas simétricas. Una dice que todo acto de un movimiento de liberación queda justificado por su causa. La otra dice que un atentado, o varios, convierten a todo el movimiento en «organización terrorista» y borran su reclamo de autodeterminación.

Cómo la política israelí ayudó a crear a Hamás

Hamás no surgió de la nada. Nació en diciembre de 1987, al estallar la primera intifada, como brazo político y armado de la Hermandad Musulmana en Gaza, veinte años después de que Israel ocupara el territorio.

Su fundador, el jeque Ahmed Yasín, había creado en 1973 una red de caridad, el Mujama al-Islamiya, que levantó mezquitas, escuelas, clubes y una universidad.

Las autoridades israelíes de ocupación no solo la toleraron. La registraron oficialmente como organización benéfica y la dejaron crecer, porque veían en el islamismo un contrapeso a la OLP laica de Yasser Arafat.

Avner Cohen, funcionario israelí a cargo de los asuntos religiosos en Gaza durante más de dos décadas, lo resumió en 2009: «Hamás, para mi gran pesar, es una creación de Israel» (Wall Street Journal). Yitzhak Segev, gobernador militar de Gaza a comienzos de los ochenta, contó al New York Times que había ayudado a financiar al movimiento islamista.

La lógica de dividir a los palestinos sobrevivió al nacimiento de Hamás. Después de que tomara el control de Gaza en 2007, los gobiernos israelíes permitieron, y desde 2012 facilitaron, los pagos de Qatar a la Franja: cerca de 2.000 millones de dólares en más de una década (TIME).

En 2019, según la prensa israelí, Benjamín Netanyahu dijo ante su partido que quien quisiera impedir un Estado palestino debía apoyar el fortalecimiento de Hamás. Netanyahu niega la frase y sostiene que el dinero buscaba evitar un colapso humanitario.

A esa política se suma lo que los palestinos llevaban décadas viviendo, que es mucho más que una ocupación.

En 1948, unos 750.000 fueron expulsados de sus tierras o huyeron sin poder volver: la Nakba, que historiadores como Ilan Pappé describen como una limpieza étnica.

Después vino la anexión de Jerusalén Oriental y la expansión de los asentamientos en Cisjordania, que la Corte Internacional de Justicia consideró en 2024 equivalentes a la anexión de amplias zonas del territorio ocupado.

Y vino una represión sistemática: demoliciones de viviendas, detenciones sin juicio y la primera intifada, en la que las fuerzas israelíes mataron a más de mil palestinos (B'Tselem).

Esa violencia, el bloqueo impuesto a Gaza desde 2007 y el fracaso de Oslo desacreditaron a la OLP, que había apostado por negociar, y dieron argumentos a quienes sostenían que solo la lucha armada daría resultados.

Nada de esto le quita a Hamás la responsabilidad por sus actos. Pero muestra que quien hoy lo presenta como un mal surgido de la nada fue, durante años, parte de su historia.

Hamás ante los criterios

El caso de Hamás puede examinarse sin recurrir a etiquetas:

Sujeto. El pueblo palestino, cuyo derecho a la libre determinación reconocen la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. El representante reconocido internacionalmente es la OLP, pero eso no excluye a Hamás: un pueblo puede tener más de un movimiento de liberación. Hamás es, además, una de las principales fuerzas políticas palestinas: ganó las elecciones legislativas de 2006.

Objetivo. La libre determinación del pueblo palestino. Este criterio mide qué persigue un movimiento, no si su ideología resulta aceptable. La carta fundacional de Hamás, de 1988, era abiertamente antisemita y merece condena, pero eso no cambia su objetivo de liberar Palestina.

En 2017, su documento de principios corrigió ese texto: aceptó como fórmula de consenso un Estado palestino en las fronteras de 1967 y separó su lucha del judaísmo, aunque sin reconocer a Israel.

Adversario. Una ocupación extranjera. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, y consideró que, pese a la retirada de 2005, Israel mantiene en Gaza obligaciones derivadas de su control efectivo.

Irán. La objeción más repetida es que Hamás no sería un movimiento nacional, sino un instrumento de Teherán.

Es cierto que Irán le ha dado dinero, armas y entrenamiento desde comienzos de los noventa, y que en 2017 Yahya Sinwar lo llamó el mayor sostén de su brazo armado (Wilson Center).

Pero Hamás no nació en Teherán, sino en la Hermandad Musulmana de Gaza, y su autonomía quedó a la vista en 2012, cuando se negó a respaldar a Bashar al Asad y perdió buena parte de ese financiamiento.

El apoyo externo tampoco define a un movimiento de liberación: el ANC se armó con ayuda soviética y el FLN con la de Egipto. Presentar a Hamás como un simple brazo del «eje iraní» es otra forma de etiqueta, que saca a los palestinos de su propia historia.

Hamás combate una ocupación en nombre de un pueblo con derecho a la libre determinación.

Eso no obsta a que la Comisión de Investigación de la ONU concluyera que el 7 de octubre de 2023 se cometieron crímenes de guerra, y el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de detención contra sus dirigentes, a la vez que contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Conclusión: criterios objetivos, etiquetas políticas

Para saber si una organización es un movimiento de liberación nacional, el derecho internacional examina hechos verificables: si hay un pueblo, si lucha por su libre determinación y si enfrenta una dominación colonial, una ocupación o un régimen racista.

Para declararla «terrorista» no existe un criterio común. Basta la decisión política de un gobierno, que responde a sus alianzas y a las conveniencias del momento.

Por eso la etiqueta puede cambiar de un día para otro sin que cambie nada en la organización.

Mandela pasó de las listas de vigilancia antiterrorista al Nobel de la Paz y a la presidencia de Sudáfrica.

Ahmed al Sharaa, que como Abu Mohamed al Jolani dirigió la rama siria de Al Qaeda y tuvo una recompensa estadounidense de 10 millones de dólares por su cabeza, fue retirado de la lista de terroristas en noviembre de 2025 y días después fue recibido en la Casa Blanca, como ya lo había sido en otras capitales.

Ninguno cambió de naturaleza de la noche a la mañana. Lo que cambió, «milagrosamente», fue su utilidad para quien confecciona las listas.

Nada de esto vuelve inmune a nadie. Los crímenes contra civiles deben juzgarse, los cometa un movimiento de liberación o un Estado. Pero se juzgan actos, con pruebas, no organizaciones con etiquetas.

Llamar «terrorista» a Hamás no describe al pueblo palestino ni su lucha: dice más de quien pronuncia la palabra que de quien la recibe.

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