Por qué antisionistas: La neutralidad imposible

La objeción mezcla en realidad dos preguntas distintas. La primera: si alguna vez fue posible mantenerse al margen del proyecto sionista sin tomar postura. La segunda: qué significa, exactamente, tomarla.

Si por sionismo se entiende la creación de un Estado judío en un territorio ya habitado por otro pueblo, el problema no apareció en 2023, ni en 2025: estaba plantado en el concepto mismo desde su origen.

Un proyecto de Estado que necesita asegurar una mayoría demográfica y una supremacía legal de un grupo nacional sobre otro, en la misma tierra, no puede sostenerse sin desplazar, subordinar o eliminar a quienes no pertenecen a ese grupo.

Hubo otros sionismos posibles. Ahad Ha'am imaginó Palestina como un centro espiritual y cultural para un pueblo judío que seguiría viviendo, en su mayoría, en la diáspora — no como el territorio de un Estado excluyente.

Martin Buber y la corriente de Brit Shalom creyeron, durante años, en la posibilidad de un binacionalismo genuino, una convivencia política con la población árabe ya asentada en esa tierra. Ninguna de esas dos visiones terminó prevaleciendo.

Perdieron la disputa dentro del propio movimiento sionista frente a una corriente —la que finalmente construyó el Estado de 1948— que entendía que el proyecto solo podía sostenerse asegurando una mayoría demográfica y una supremacía legal de un grupo nacional sobre el otro, en la misma tierra. Y esto solo se podría lograr por la fuerza.

Esa es la versión del sionismo que existe hoy. Un proyecto de Estado que no puede sostenerse sin desplazar, subordinar o eliminar a quienes no pertenecen a ese grupo.

Ya en 1923 Vladimir Jabotinsky lo planteó sin eufemismos en "La muralla de hierro": la población árabe de Palestina, escribió, jamás aceptaría voluntariamente la colonización judía, de modo que el proyecto solo podía avanzar protegido por una fuerza militar capaz de imponerse sobre esa resistencia.

No es una lectura retrospectiva ni una acusación externa: es la propia teoría revisionista, formulada por uno de los padres del sionismo político, reconociendo que el éxito del proyecto dependía de la fuerza, no del consentimiento de quienes ya habitaban esa tierra.

Por eso "no ser sionista" —ni a favor ni en contra— nunca fue, en rigor, una postura neutral.

La limpieza étnica no es un descubrimiento reciente: está documentada desde los primeros años del proyecto sionista, en las leyes de tenencia de la tierra, en la exigencia de trabajo exclusivamente judío, en el desplazamiento sistemático que culminó en la Nakba de 1948.

Lo nuevo, en 2025 y 2026, es que esa misma lógica de desplazamiento ha sido examinada en su fase más reciente por un mecanismo oficial de Naciones Unidas, y calificada con el nombre jurídico más grave que existe.

En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dirigida por Navi Pillay, concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio define como genocidas, y que la intención de destruir, total o parcialmente, a la población palestina de Gaza era la única inferencia razonable que podía extraerse de su conducta.

En junio de 2026, una nueva comisión de investigación documentó que esa misma intención se había expresado, entre otras formas, en el ataque deliberado contra niños y niñas palestinas: más de 20.000 menores muertos.

Frente a una conclusión de esa naturaleza —no la opinión de un activista, sino el hallazgo de un mecanismo de investigación de Naciones Unidas— la propia Pillay fue explícita: cuando existen señales y pruebas claras de genocidio, la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad.

Esa frase estaba dirigida a todos los Estados, a las instituciones, a las personas que, sabiendo lo que ahora se sabe, eligen no pronunciarse.

"No soy sionista, pero tampoco soy anti" nunca fue, en rigor, una posición neutral —pero hoy, además, es insostenible incluso como excusa.

Ya no se puede argumentar que el problema es incierto, opinable, o materia de interpretación política. Hay un hallazgo. Y frente a un hallazgo, omitirse no es prudencia: es una forma de complicidad.

Lo que el antisionismo no dice

Pero si se acepta que hay que tomar una postura, queda pendiente la pregunta que de verdad incomoda a muchos: ¿no implica oponerse al sionismo desear la desaparición de los judíos que viven en Israel?

La respuesta es no, y la confusión descansa en un salto lógico que en cualquier otro contexto político reconoceríamos de inmediato como un error.

Ser antisionista es oponerse a un proyecto político: el de un Estado organizado sobre la base de la supremacía demográfica y legal de un grupo nacional o religioso sobre otro en el mismo territorio. Es, en otras palabras, oponerse a una arquitectura de Estado, no a las personas que ese Estado dice representar.

Nadie entendería "antimonárquico" como un llamado a la muerte del rey. Nadie entendería "anti-apartheid" como un deseo de que desaparecieran los sudafricanos blancos: el movimiento contra el apartheid quería desmantelar un sistema legal de privilegio racial, y dentro de esa misma sociedad sudafricana, con las mismas personas, viviendo en el mismo territorio.

Ser antisionista opera exactamente bajo esa misma lógica: lo que se rechaza es el diseño institucional —un Estado que distribuye derechos de manera desigual según el origen nacional o religioso de sus habitantes—, no la existencia de las personas judías que hoy viven bajo ese diseño.

Esta distinción tiene casi ciento treinta años de historia judía detrás.

El Bund, fundado en Vilna en 1897 y durante décadas el partido político más influyente entre los judíos de Europa del Este, se opuso al sionismo no por motivos religiosos ni por cálculo práctico, sino por convicción ideológica: sosteniendo que el futuro del pueblo judío estaba ligado al de la clase trabajadora allí donde vivía, no en un territorio lejano.

A ese principio lo llamaron doikayt —"aquí", en ídish— frente al "allá" que proponía el proyecto sionista. Eran, sin ambigüedad, judíos. Y eran, sin ambigüedad, antisionistas. Ninguna de las dos cosas contradecía a la otra.

Lo que sí estamos diciendo

Cuando AJDA se declara antisionista, esto es lo que afirma: que un Estado fundado y sostenido sobre la desigualdad nacional entre sus habitantes no es defendible, y que esa desigualdad ha desembocado en lo que la propia ONU ha calificado como genocidio.

No estamos afirmando, ni se sigue de lo anterior, que las personas judías que hoy habitan ese territorio deban desaparecer, ser expulsadas o sufrir daño alguno. Esa fue siempre una falsa equivalencia, y seguirá siéndolo cada vez que alguien la repita.

Lo que puede sostener un futuro seguro para todos los pueblos que habitan esa tierra —judíos incluidos— no es la etnocracia, sino la democracia: la igualdad de derechos entre todos sus habitantes, sin que la pertenencia nacional o religiosa determine quién tiene más o menos lugar en ella.

Lo que pedimos es el fin de un proyecto de Estado. No el fin de un pueblo.

Nombrar ese horizonte no es ingenuidad: es honestidad.

Entre lo que existe hoy y una convivencia democrática plena hay décadas de violencia acumulada que no se resuelven con una declaración de principios.

Pero confundir la dificultad del camino con la ilegitimidad del destino es, precisamente, la misma falacia que ha mantenido vivo el statu quo durante ochenta años.

El camino existe; lo que falta es voluntad para recorrerlo.