La legitimidad de la partición

Entre los argumentos que con más frecuencia se esgrimen para legitimar la fundación de Israel, hay uno que vuelve siempre: hubo un proceso internacional en el cual la mayoría de los países determinó que era de justicia la partición de Palestina y la creación de dos estados. Si la comunidad internacional decidió, el argumento concluye, entonces el nacimiento de Israel no fue una imposición unilateral, sino un acto respaldado ética y legalmente por el mundo entero.

Como antecedentes, se menciona a una comisión británica, la Comisión Peel, que en 1937 propuso por primera vez dividir Palestina en dos Estados. Diez años después, la recién creada ONU votó por oficializar una partición similar mediante la Resolución 181.

Vale la pena examinar qué hay, en realidad, detrás de ese proceso.

 Quién decidía, y desde dónde

Para empezar, la Comisión Peel no era un organismo internacional ni neutral.

Era, formalmente, la Comisión Real Palestina —una Comisión Real británica—, nombrada en 1936 por el propio gobierno que gobernaba el Mandato de Palestina, para investigar una revuelta contra ese mismo gobierno.

No era ajena al conflicto: era una de las partes.

Gran Bretaña tenía intereses estratégicos directos en mantener su presencia en la región que no eran irrelevantes a la hora de decidir qué hacer con el territorio.

Hubo antes, si embargo, un intento real de averiguar qué quería la población que vivía ahí.

En 1919, en la Conferencia de Paz de París —donde las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial decidían qué hacer con los territorios del derrotado Imperio Otomano—, Woodrow Wilson propuso una comisión conjunta de investigación para consultar directamente a los habitantes de Siria y Palestina sobre su futuro.

Gran Bretaña y Francia aceptaron la idea en un primer momento, pero se retiraron antes de que la comisión partiera: ya habían acordado en secreto, desde 1916, cómo repartirse la región (el Acuerdo Sykes-Picot), y una consulta real a la población no les convenía.

La comisión terminó viajando solo con representantes estadounidenses —de ahí su nombre, Comisión King-Crane, por Henry Churchill King y Charles Crane— no porque Estados Unidos tuviera un interés propio en investigar, sino porque fue el único que cumplió lo que los tres habían acordado hacer.

Su conclusión, entregada a Wilson en 1919, fue que imponer la Declaración Balfour —la promesa británica de un "hogar nacional judío" en Palestina— constituiría una violación flagrante del principio de autodeterminación y de los derechos del pueblo palestino.

El informe se mantuvo en secreto: no se hizo público hasta 1922, cuando el New York Times filtró su contenido.

La Comisión Peel no era más que una entidad de la potencia colonial decidiendo el destino de un territorio que gobernaba, no como árbitro externo, sino como parte interesada.

 Las cifras que la "legitimidad" no menciona

Diez años después, la ONU adoptó la Resolución 181, que asignaba al Estado judío entre el 54% y el 56% del territorio de Palestina.

En ese momento, la población judía representaba alrededor del 30% de los habitantes del territorio, y poseía menos del 10% de la tierra en propiedad. La población árabe, que era aproximadamente el 70% de los habitantes y poseía más del 90% de la tierra, recibía el resto.

Estos números no se citan habitualmente cuando se invoca la partición como prueba de equidad internacional.

Sin embargo, son centrales: una resolución que otorga la mayoría del territorio a una minoría demográfica que poseía una fracción mínima de esa tierra no puede describirse, sin más, como un reparto justo entre dos partes en igualdad de condiciones

 Un proceso, pero no entre iguales

La Resolución 181 fue precedida por un comité de la ONU, el UNSCOP, integrado por once países, que visitó la región durante junio y julio de 1947, celebró audiencias y redactó un informe antes de que la Asamblea General votara en noviembre.

El liderazgo judío —la Agencia Judía— cooperó activamente con el comité desde el primer día. El Alto Comité Árabe, en cambio, decidió boicotearlo porque consideraba que los derechos de un pueblo sobre su propio territorio no debían quedar sujetos a la "investigación" de un comité externo nombrado por las mismas potencias que habían gestionado el Mandato.

Es una distinción que importa: lo que algunos leen como intransigencia árabe era, en los propios términos del Alto Comité, una negativa a legitimar un proceso que partía de la premisa de que el destino de Palestina podía decidirse sin que sus habitantes mayoritarios tuvieran voz determinante en el resultado.

El Comité Árabe Superior, presidido desde el exilio egipcio por el ex Muftí de Jerusalén Hajj Amin al-Husseini, optó por boicotear por completo al UNSCOP, argumentando que cualquier participación legitimaría un proceso que consideraba ilegítimo desde su origen.

Esa decisión no era unánime: algunos de sus propios miembros, como el ex alcalde de Jerusalén Husayn al-Khalidi, sostuvieron encuentros informales con miembros del comité para defender un Estado unitario, pero lo hicieron sin el respaldo de una estructura comparable al equipo de enlace permanente que la Agencia Judía mantenía con cada delegación.

La Agencia Judía aceptó el plan final sin ambigüedad, aunque Ben-Gurion lo calificó en privado como "el comienzo de la redención" y mantuvo reservas puntuales, sobre todo por la internacionalización de Jerusalén y la fragmentación territorial del mapa en tres áreas apenas contiguas.

Ben-Gurion consiguió que tanto los revisionistas —que reclamaban el territorio íntegro del Mandato— como Hashomer Hatzair —que hasta entonces defendía un Estado binacional— terminaran sumándose a la aceptación del plan, presentándolo no como un techo definitivo sino como una base de partida sobre la cual el proyecto sionista podría seguir creciendo.

 El Holocausto como urgencia moral

Parte del peso ético que sostiene la partición de 1947 proviene, inevitablemente, del Holocausto. Tras el asesinato de seis millones de judíos europeos, la comunidad internacional sintió —con razón— una responsabilidad ineludible frente al pueblo judío. La pregunta es a quien se le cargó esa responsabilidad.

En julio de 1938, mientras la persecución nazi se intensificaba, Estados Unidos convocó la Conferencia de Évian para abordar la crisis de refugiados judíos. Asistieron representantes de 32 países. Solo la República Dominicana se ofreció a aceptar un número significativo de refugiados. Australia explicó su negativa con una franqueza que hoy resulta difícil de leer: "no tenemos un problema racial y no deseamos importar uno". Canadá rechazó de plano cualquier compromiso. Estados Unidos mantuvo intactas sus cuotas migratorias, dejando a cientos de miles de solicitantes sin visa mientras la situación en Europa se deterioraba.

Esas mismas potencias —que cerraron sus puertas a los refugiados judíos cuando podían haberlos salvado— fueron, una década después, las que votaron a favor de resolver "el problema judío" entregando territorio palestino.

Tampoco el Mandato británico en Palestina ofreció una vía de escape. En 1939, bajo presión árabe y con la guerra ya encima, Londres publicó el Libro Blanco que restringió aún más la inmigración judía justo cuando la persecución nazi se intensificaba.

Barcos con refugiados judíos, como el Struma o el Éxodo, fueron impedidos de desembarcar; a quienes lograban llegar de forma irregular, los británicos los confinaban en campos en Chipre.

 Invisibilización: decidir sobre, no con

En ningún momento de este proceso —ni en la Comisión Peel, ni en la Resolución 181— la población árabe de Palestina, mayoritaria en el territorio, fue invitada a decidir su propio destino. La única comisión que efectivamente la consultó, la King-Crane de 1919, fue ignorada por las potencias que la habían encargado.

Esa invisibilización fue posible porque el orden colonial de la época operaba sobre una jerarquía racial explícita, en la que los pueblos árabes y musulmanes no eran considerados sujetos políticos con el mismo derecho a decidir su destino que las naciones europeas.

El racismo y la islamofobia propios del pensamiento colonial de entreguerras no exigían mayor justificación para tratar a ese territorio y a su población mayoritaria como un problema administrativo a resolver, no como un pueblo a consultar.

 Legal no es lo mismo que legítimo

Que hubo un voto en la Asamblea General —33 a favor, 13 en contra, 10 abstenciones, precedido por meses de trabajo del UNSCOP— es un hecho.

Ningún Estado de los que votaron esa noche era dueño de Palestina; decidieron sobre una tierra ajena, habitada en sus dos tercios por una población a la que nunca se consultó.

Frente a esa decisión, el liderazgo palestino optó por no legitimar el proceso y rechazó tanto la partición como la propuesta federal de la minoría del comité, sosteniendo que ningún organismo externo tenía autoridad para repartir lo que consideraba su propio territorio.

El mundo árabe llegó a 1947 sin una estrategia común: ni en torno al boicot, ni en torno a una alternativa compartida frente a la partición.

Del otro lado, la aceptación judía tampoco fue sincera en el sentido de aceptar esos límites como definitivos.

Dentro del propio movimiento sionista coexistía, junto a la aceptación táctica oficial de Ben-Gurion, un ala —el sionismo revisionista de Jabotinsky, y sus brazos armados Irgún y Lehi— que desde los años veinte reclamaba un Estado judío sobre ambas riberas del río Jordán, y que nunca reconoció la partición como un límite final: Lehi se opuso abiertamente al plan de 1947 e insistió en anexar por la fuerza todo el territorio al oeste del Jordán.

Desde 1936, el Irgún bombardeó mercados y cafés frecuentados por civiles árabes en Jerusalén y Haifa, dejando cientos de muertos a lo largo de una década, con el objetivo declarado de sembrar el miedo necesario para vaciar el territorio —una campaña de violencia que se sumaba a un proceso de adquisición de tierra, sostenido desde principios de siglo por el Fondo Nacional Judío, que desplazaba comunidades enteras de parceleros árabes bajo condiciones que prohibían a perpetuidad su reventa o empleo a no judíos.

La guerra de 1947-48 ofreció un marco de mayor escala. Entre diciembre de ese año y marzo de 1948 —antes incluso de que el liderazgo sionista terminara de redactar el Plan Dalet, y meses antes de que un solo ejército árabe cruzara una frontera— ya se habían producido entre 250.000 y 350.000 desplazamientos de población palestina, varios de ellos en zonas que la propia resolución había asignado al Estado árabe.

Conclusión

El Israel que conocemos hoy no es el producto de la Resolución 181, sino de una guerra de conquista que aprovechó el marco de la partición para anexar territorio. La ONU nunca reconoció esas anexiones (Jerusalén Este, Cisjordania, los Altos del Golán), pero Israel las convirtió en hechos consumados mediante la fuerza y los asentamientos. El "derecho" invocado hoy no es el de la ONU, sino el de la fuerza militar.

La ONU votó sobre tierras que no eran suyas. Su resolución fue un deseo geopolítico de las grandes potencias, no un título de propiedad transferible. Ningún propietario legítimo —los palestinos— firmó ese contrato. Y ningún contrato firmado por un tercero sobre una propiedad ajena puede considerarse jurídicamente vinculante.

Los palestinos no reconocieron la partición no porque fueran "intransigentes" o "antisemitas", sino porque les negaban la tierra que habitaban desde hace siglos. Su exclusión del proceso convierte a la Resolución 181 en un acto de despojo legalizado por la comunidad internacional.

Si la partición fue un acto colonial, si los palestinos no fueron consultados, si Israel nunca aceptó los límites y si la violencia estuvo presente desde los orígenes, entonces el argumento de la legitimidad por origen colapsa. ¿Qué queda entonces?

Un Estado fundado y sostenido sobre la desigualdad nacional entre sus habitantes no es defendible. No sigue de lo anterior, que las personas judías que hoy habitan ese territorio deban ser expulsadas o sufrir ningún daño.

Lo que puede sostener un futuro seguro para todos los pueblos que habitan esa tierra —judíos incluidos— es la igualdad de derechos entre todos sus habitantes, sin que la pertenencia nacional o religiosa determine quién tiene más o menos lugar en ella.

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