El peso de las palabras: cómo el sionismo construye su vocabulario

Las palabras no describen el mundo de manera neutral: lo organizan, lo jerarquizan y, muchas veces, lo crean.

Elegir un término sobre otro no es un detalle de estilo, sino una decisión con consecuencias políticas concretas: determina a quién se le reconoce soberanía, qué acción cuenta como crimen y cuál como administración, qué presencia es legítima y cuál es una violación del derecho internacional.

El proyecto sionista, a lo largo de su historia, practicó esta sustitución de vocabulario de manera sistemática y, en varios casos, dejó rastro documental de cuándo y por qué lo hizo. Este artículo recorre cuatro de esos casos —cada uno con fecha, documento o declaración concreta— después de repasar por qué el lenguaje tiene ese poder.

Nombrar es un acto de poder

El sociólogo francés Pierre Bourdieu describió lo que llamó poder simbólico: la capacidad de imponer las categorías con las que una sociedad piensa su propia realidad.

Quien controla el vocabulario disponible para nombrar un conflicto, un territorio o un hecho, controla en gran medida los términos en que ese conflicto puede pensarse.

No hace falta prohibir una idea para neutralizarla: alcanza con no darle una palabra, o con reemplazar la palabra que ya tenía por otra menos incómoda.

Esta no es una observación abstracta. Los conflictos políticos modernos están llenos de vocabulario disputado deliberadamente: "terrorista" versus "combatiente por la libertad", "guerra" versus "operación especial", "muro" versus "barrera de seguridad".

En cada caso, el término elegido no describe un hecho de manera aséptica: lo encuadra, le asigna responsables, legitima a unos actores y deslegitima a otros.

Colonia y asentamiento

El hebreo tiene una palabra propia para colonia, y no es un término marginal: moshavá fue el nombre oficial y orgulloso de los primeros asentamientos agrícolas sionistas desde la Primera Aliá de 1882 en adelante.

Rishón LeTzión, Zijrón Yaakov, Petaj Tikva: todos se llamaban moshavot sin ningún pudor, porque a comienzos del siglo XX "colonia" se inscribía en un vocabulario europeo de colonización agrícola visto entonces como un emprendimiento civilizatorio, no como algo que hubiera que disimular.

Lo que cambió no fue el hebreo sino el contexto internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial y la ola descolonizadora de las décadas de 1950 y 1960, "colonia" pasó a ser una palabra cargada de condena en el derecho internacional, y el vocabulario oficial israelí migró hacia hityashvut (asentamiento, en sentido general) y luego hacia hitnachalut, específico para los asentamientos en territorios ocupados desde 1967. No se trata entonces de un eufemismo que llenó un vacío léxico, sino de una palabra que existía, que se usó con orgullo durante décadas, y que se abandonó activamente en cuanto empezó a resultar políticamente incómoda.

Territorios administrados y territorios ocupados

Este caso tiene, además, un documento fechado y firmado. El 14 de septiembre de 1967, apenas tres meses después de la Guerra de los Seis Días, Theodor Meron —entonces consejero jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel— envió un memorando confidencial al canciller Abba Eban, y otro relacionado al secretario político del primer ministro Levi Eshkol. Su conclusión fue inequívoca: el asentamiento civil en los "territorios administrados" contravenía las disposiciones expresas de la Cuarta Convención de Ginebra.

Lo notable es que el propio Meron, en el mismo documento donde advertía que la ocupación era jurídicamente eso —una ocupación, con las obligaciones que el derecho internacional impone a toda potencia ocupante— usaba la expresión "territorios administrados" para referirse a ellos. Es decir: el término más neutro convivía, en el mismo texto y en la misma pluma, con el reconocimiento interno de que se trataba de territorio ocupado.

La palabra "administrado" no reflejaba una valoración jurídica distinta; reflejaba una elección de lenguaje para uso público, mientras puertas adentro el propio gobierno sabía a qué categoría legal correspondía lo que estaba haciendo.

Israel mantiene hasta hoy esa distinción terminológica —territorios "disputados" o "administrados" en su discurso oficial—, frente a un consenso internacional que nunca abandonó la otra palabra: en julio de 2024, cincuenta y siete años después del memorando de Meron, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que describe esos mismos territorios simplemente como ocupados, y concluye que la ocupación misma es ilegal.

El vocabulario que un asesor legal eligió para uso doméstico en 1967 nunca logró desplazar, en el derecho internacional, a la palabra que ese mismo asesor sabía que era la correcta.

Judea y Samaria frente a Cisjordania

Acá la fecha es todavía más precisa: en diciembre de 1967, la Gobernación Militar israelí emitió la Orden Militar N.º 187, que establecía que el término "región de Judea y Samaria" sería idéntico, a todos los efectos, al término "región de Cisjordania". A comienzos de 1968 la nueva denominación ya estaba formalmente adoptada en el uso oficial. Sin embargo, la expresión se usó poco durante casi una década, hasta que en 1977 Menachem Begin, defensor de extender la soberanía israelí sobre la región, asumió como primer ministro y relanzó su uso activo.

El reemplazo no es cartográfico: es una toma de posición. "Cisjordania" es un nombre administrativo-geográfico que no presupone soberanía de nadie; "Judea y Samaria" reafirma, mediante los nombres bíblicos de los reinos de Judá e Israel, un derecho ancestral y religioso sobre el territorio.

Quien defiende ese término suele argumentar que no se trata de propaganda sino de un nombre histórico, anterior a la ocupación jordana de 1948.

El argumento no resiste la cronología expuesta arriba: si fuera una simple restitución histórica, se habría usado de manera constante desde 1967; en cambio, permaneció casi inactiva durante una década y solo se relanzó de manera sistemática en 1977, coincidiendo con la llegada al poder de un gobierno explícitamente proclive a extender la soberanía israelí sobre la región.

La fecha de reactivación, más que el origen bíblico del nombre, es lo que revela su función política. La propia prensa especializada en temas judíos describe hoy la elección de uno u otro término como un indicador político casi automático: quien dice "Judea y Samaria" se ubica habitualmente a la derecha del mapa israelí; quien dice "Cisjordania “está en el campo de quienes aceptan una eventual solución de dos Estados.

Vale agregar que ni la ONU ni la Corte Internacional de Justicia adoptaron nunca la denominación bíblica: el término solo circula con fuerza en el discurso interno israelí y en ciertos sectores evangélicos y conservadores de Estados Unidos, no en el derecho internacional.

Transferencia y limpieza étnica

El último caso viene con nombre propio y fecha exacta. Yosef Weitz, director del Departamento de Tierras del Fondo Nacional Judío, escribió en su diario en 1940 que la única solución al "problema árabe" era transferir a toda la población árabe de Palestina a los países vecinos, sin dejar una sola aldea ni una sola tribu.

El 30 de mayo de 1948, junto con Elías Sasson y Ezra Danin, conformó lo que la propia documentación de la época llama el "Comité de Transferencia", y el 5 de junio de ese año presentó a David Ben-Gurion un plan de tres páginas titulado "Esquema para la solución del problema árabe en el Estado de Israel".

El historiador israelí Benny Morris sostiene que no hay dudas de que Ben-Gurion aprobó ese esquema, que incluyó la destrucción de más de 450 aldeas palestinas.

"Transferencia" fue, desde el inicio, el término técnico-administrativo elegido para nombrar ese proceso, tanto en los diarios privados de sus arquitectos como en la documentación oficial del comité que llevaba ese nombre.

El historiador Ilan Pappé, en su libro The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), sostuvo que lo que ese vocabulario administrativo describía era, en los términos que hoy usa el derecho internacional, una limpieza étnica planificada.

La posición de Benny Morris frente a esa categoría no fue estable en el tiempo: en una entrevista de 2004 con Ari Shavit en Haaretz, usó él mismo la expresión "limpieza étnica" para referirse a lo ocurrido en 1948, y llegó a sostener que hay circunstancias históricas que la justifican; más de una década después, en un intercambio con el historiador Daniel Blatman, pasó a negar que hubiera existido una decisión de la conducción sionista de "expulsar a los árabes".

Ese vaivén no afecta a los hechos documentados de 1948, que Morris nunca puso en duda, sino a la categoría moral y legal que corresponde aplicarles —lo cual confirma, mejor que una posición estable lo haría, cuánto pesa la palabra elegida para nombrar los mismos hechos.

El caso extremo: Hasbará

Hay una última palabra que conviene mencionar, porque no es un caso más de sustitución sino el nombre que la propia institucionalidad israelí le da a la actividad de producirlas: hasbará.

El término, introducido en 1912 por el dirigente sionista Najum Sokolow, pionero del periodismo hebreo, significa literalmente "explicación", y sus primeros practicantes fueron judíos arabófonos que publicaban en árabe para explicarle a las audiencias árabes los objetivos del sionismo: en ese origen, la palabra nombraba una tarea de divulgación cultural, no de propaganda bélica.

Ese carácter cambió de manera documentable tras junio de 1967: un estudio basado en archivos del Estado de Israel (Giora Goodman, Journal of Israeli History, 2017) reconstruye cómo, en los meses posteriores a la Guerra de los Seis Días, el Ministerio de Asuntos Exteriores convirtió la hasbará en un aparato de propaganda organizada para justificar ante audiencias extranjeras la necesidad y legitimidad de la ocupación recién comenzada.

A lo largo de las décadas, esa función ha sido ejercida por distintos organismos —principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina del Primer Ministro—, además de ministerios creados temporalmente para coordinar la comunicación gubernamental, como el Ministerio de Información de 1974 o el efímero Ministerio de Diplomacia Pública, creado tras el 7 de octubre de 2023 y disuelto ese mismo noviembre, siempre dedicados a justificar las acciones del Estado y moldear su percepción en el mundo.

Resulta revelador que la propia bibliografía académica y periodística que estudia el fenómeno sienta la necesidad de aclarar, entre paréntesis, que la palabra significa tanto "explicación" como "propaganda": medios como Los Angeles Times o enciclopedias especializadas en propaganda describen hasbará como una palabra hebrea traducida de las dos maneras a la vez.

El nombre de la actividad que fabrica estos reemplazos —colonia por asentamiento, ocupado por administrado, transferencia por limpieza étnica, Cisjordania por Judea y Samaria— es, en sí mismo, uno de esos términos; propaganda por información.

Bourdieu llamaba a esto poder simbólico: la capacidad de imponer una visión legítima del mundo social sin necesidad de cambiar los hechos, sino solamente el nombre que se les da.

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