Cuatro experiencias de paz para pensar el conflicto israelí-palestino

El debate sobre el futuro de israelíes y palestinos produce modelos, propuestas y declaraciones de principios, pero rara vez responde la pregunta más difícil: ¿cómo se llega ahí desde aquí?

La historia ofrece algunas respuestas parciales. No hay ningún caso perfectamente comparable al conflicto israelí-palestino, y sería un error trasladar mecánicamente cualquier experiencia a un contexto tan específico. Pero hay lecciones concretas que vale la pena examinar con honestidad, incluyendo sus límites.

Cuatro casos, cuatro lecciones

Sudáfrica: cómo cae un régimen que parece inamovible

El apartheid sudafricano era, hacia mediados de los años ochenta, un régimen que sus propios defensores presentaban como permanente. Una minoría blanca controlaba el estado, el ejército, la economía y el territorio mediante un sistema de segregación racial institucionalizada, sostenido por leyes explícitas y respaldado por potencias occidentales que lo toleraban bajo el paraguas de la Guerra Fría.

El régimen colapsó en menos de una década. ¿Qué lo desbloqueó?

La presión internacional sostenida fue un factor decisivo. Una campaña global de boicots, desinversiones y sanciones aisló económica y diplomáticamente al régimen. El arzobispo Desmond Tutu fue explícito al respecto: "No hubiéramos tenido éxito sin las sanciones." [FUENTE: Tutu citado en LSE International Development Blog, 2014] Esa presión combinada con negociaciones secretas internas entre el ANC y el gobierno de F.W. de Klerk produjo las condiciones para la transición. La Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Tutu, procesó luego los crímenes del régimen sin recurrir a juicios masivos: los perpetradores que confesaban públicamente podían recibir amnistía, una fórmula que priorizó la estabilidad de la transición sobre la retribución penal.

La lección para Palestina es doble. Primero, que un régimen de discriminación institucionalizada puede terminar cuando la presión externa se vuelve insostenible. Segundo, que la reconciliación requiere un proceso institucional que nombre lo que ocurrió, no solo un acuerdo político entre élites.

El límite de la analogía es importante: en Sudáfrica, la existencia territorial del estado nunca estuvo en disputa. El ANC nunca cuestionó las fronteras del país; pedía gobierno de mayoría en un estado unificado. En Israel-Palestina, las fronteras mismas son parte del conflicto, lo que hace la transición estructuralmente más compleja.

Irlanda del Norte: cómo se negocia entre enemigos históricos

Durante más de cuarenta años, el conflicto entre unionistas protestantes y republicanos católicos en Irlanda del Norte produjo miles de muertos, atentados sistemáticos y una fractura social que parecía irreparable. El Acuerdo de Viernes Santo, firmado en 1998, puso fin a la fase más violenta del conflicto y creó un modelo de poder compartido entre comunidades que se habían matado durante generaciones.

¿Qué lo hizo posible?

Tres factores se combinaron. El primero fue un mediador externo creíble y neutral: el senador estadounidense George Mitchell, enviado por Clinton, fue aceptado por ambas partes precisamente porque no tenía intereses propios en el resultado. El segundo fue la participación de las bases mediante encuestas de opinión que permitieron a los negociadores saber exactamente qué aspectos del acuerdo eran aceptables para la población, cuáles eran negociables y cuáles eran líneas rojas. El tercero fue voluntad política real de líderes que habían sido enemigos: figuras como Gerry Adams y David Trimble cruzaron líneas que sus propias bases consideraban imposibles.

Un dato concreto ilustra la diferencia entre el proceso irlandés y el israelí-palestino: la comunidad internacional invirtió más de 44 dólares por persona por año en actividades de diálogo entre comunidades durante los doce años previos al Acuerdo de Viernes Santo —a través del Fondo Internacional para Irlanda, financiado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En Israel-Palestina esa cifra no ha superado los 2 dólares por persona. La infraestructura de la paz se construye antes del acuerdo, no después.

El límite de la analogía también es claro: el IRA nunca buscó eliminar al estado británico, solo quería una Irlanda unida. La asimetría de poder entre Israel y los palestinos es mucho mayor que la que existía en Irlanda del Norte, y la ausencia de un mediador externo verdaderamente neutral —Estados Unidos ha demostrado no serlo— es un obstáculo que el caso irlandés no tuvo que enfrentar de la misma manera.

Hay además una diferencia estructural que el caso irlandés no puede resolver: en Irlanda del Norte, el IRA y el movimiento republicano tenían una estructura jerárquica unificada capaz de negociar y garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo. En el caso palestino, la división entre la Autoridad Palestina —que controla partes de Cisjordania bajo el liderazgo de Fatah— y Hamas —que gobierna Gaza desde 2007— hace imposible cualquier proceso de paz integral mientras esa fractura no se resuelva. No puede haber un Gerry Adams palestino si no hay un interlocutor que hable por todos los palestinos.

Rwanda: cómo se procesa el trauma desde abajo

El genocidio de 1994 en Rwanda dejó entre 500.000 y 800.000 muertos en menos de cien días. Reconstruir algo después de eso parecía imposible. El modelo gacaca —12.000 tribunales comunitarios que procesaron cerca de dos millones de casos entre 2002 y 2012— ofreció una respuesta original: en lugar de delegar la justicia en tribunales internacionales inaccesibles, involucró a casi todos los adultos rwandeses como testigos, jueces o acusados [FUENTE: Justice and Reconciliation in Rwanda, historyrise.com, 2025]. Quienes confesaban públicamente podían conmutar sus penas de prisión por trabajo comunitario.

El modelo tuvo límites documentados: hubo problemas de debido proceso y algunas comunidades lo usaron para ajustar cuentas personales. Pero su principio central sigue siendo relevante: la paz no puede construirse solo desde arriba. Requiere espacios donde las personas que vivieron el conflicto puedan nombrar lo que les ocurrió y comenzar a procesar un trauma compartido. Para Palestina, la lección no es replicar el modelo sino el principio.

Bosnia: lo que ocurre cuando el acuerdo es solo una tregua

Los Acuerdos de Dayton de 1995 detuvieron la guerra en Bosnia después de tres años y medio de conflicto étnico, genocidio en Srebrenica y el desplazamiento de más de dos millones de personas. Fueron un logro diplomático real: pusieron fin a la violencia. Pero treinta años después, uno de sus propios arquitectos, Richard Holbrooke, y el alto representante para Bosnia, Paddy Ashdown, advirtieron en 2008 que el país "caminaba sonámbulo hacia otra crisis" [FUENTE: Al Jazeera, Dayton Peace Disagreement, 2020]. El Wilson Center lo describió como "más una tregua que un acuerdo" [FUENTE: Wilson Center, Fixing Dayton, 2020].

Bosnia sigue siendo hoy un estado disfuncional, dividido en dos entidades con instituciones paralelas, sostenido artificialmente por una presencia militar internacional que lleva tres décadas impidiendo que el conflicto se reanude. Las causas de fondo —la disputa sobre identidad nacional, el reparto del territorio, el reconocimiento de los crímenes del pasado— nunca fueron resueltas. Solo fueron pospuestas.

La advertencia para Palestina es directa: un acuerdo de alto al fuego impuesto desde afuera, sin abordar las causas estructurales del conflicto, no es paz. Es la administración de un conflicto congelado. La historia de Bosnia muestra que ese congelamiento puede durar décadas, pero también que es frágil y que su colapso puede ser rápido y brutal.

Lo que puede hacerse hoy

Antes de enumerar medidas concretas, es necesario reconocer el antecedente más importante: los Acuerdos de Oslo. En 1993, la OLP y el gobierno israelí firmaron en Washington una declaración de principios que debía conducir, en cinco años, a un acuerdo definitivo sobre fronteras, Jerusalén, los refugiados y los asentamientos.

Treinta años después, ese acuerdo no llegó.

Los asentamientos se triplicaron durante el proceso de paz. La Autoridad Palestina quedó convertida en un gobierno sin soberanía real, dependiente de la cooperación de seguridad con Israel. Y el proceso culminó con el fracaso de Camp David en el año 2000, seguido por la Segunda Intifada.

Oslo enseña una lección que este artículo no puede ignorar: los acuerdos de élites sin condiciones sobre el terreno no producen paz. Producen administración del conflicto. Cualquier proceso futuro que no aprenda de ese fracaso está condenado a repetirlo.

La historia muestra que las transiciones de paz comparten una característica: comenzaron a construirse mucho antes de que se firmara cualquier acuerdo. En Irlanda del Norte, doce años de trabajo de base precedieron al Acuerdo de Viernes Santo. En Sudáfrica, décadas de presión internacional y organización interna precedieron a la negociación con De Klerk. La paz no aparece el día del acuerdo; ese día solo formaliza un proceso que ya venía ocurriendo.

En el caso israelí-palestino, ese proceso no ha comenzado. Pero hay medidas concretas que no dependen de ningún modelo político final y que podrían empezar a crearlo.

Detener el proceso de eliminación en curso. Lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania no son dos conflictos separados sino dos fases de un mismo proceso de limpieza étnica, con el genocidio como su expresión más aguda. Ninguna otra medida de esta lista tiene sentido mientras ese proceso continúe activo en cualquiera de sus dos frentes.

Congelar los asentamientos. La expansión de asentamientos en Cisjordania es ilegal según el derecho internacional y destruye activamente la viabilidad de cualquier acuerdo futuro. Su congelación inmediata no resuelve el conflicto, pero detiene su agravamiento. Es la medida mínima que cualquier actor externo con influencia sobre Israel podría exigir hoy.

Garantizar el acceso al agua. Según datos de 2023, los palestinos en Cisjordania tienen acceso a 88 litros de agua por persona por día, por debajo del mínimo de 100 litros recomendado por la Organización Mundial de la Salud; los israelíes, incluyendo a los colonos en el mismo territorio, consumen un promedio de 247 litros, tres veces más [FUENTE: PCBS y Autoridad del Agua Palestina, World Water Day, marzo 2025; B'Tselem, Parched, 2023]. En comunidades palestinas sin conexión a la red, el consumo cae a apenas 26 litros por persona por día, comparable al de zonas de desastre humanitario. La igualdad en el acceso al agua no requiere un acuerdo político. Requiere voluntad.

Invertir en encuentro entre bases. La experiencia de Irlanda del Norte demuestra que la infraestructura del diálogo debe construirse antes del acuerdo, no después. Proyectos educativos conjuntos, iniciativas económicas compartidas, espacios de encuentro entre israelíes y palestinos que no sean negociaciones diplomáticas sino experiencias de vida en común: todo eso requiere financiamiento y protección política, y hoy recibe menos de 2 dólares por persona por año.

Poner fin a la detención administrativa. Israel mantiene a miles de palestinos bajo un mecanismo llamado detención administrativa: prisión preventiva indefinida, sin cargos formales, sin juicio y renovable cada seis meses por orden militar. Es una práctica que el propio derecho internacional de ocupación prohíbe salvo en circunstancias excepcionales estrictamente definidas [FUENTE: B'Tselem, informes de detención administrativa; Cuarto Convenio de Ginebra, art. 78]. Poner fin a este mecanismo no exige un acuerdo político. Exige que Israel cumpla sus propias obligaciones legales.

Crear una comisión de verdad. Antes de cualquier acuerdo político, ambas sociedades necesitan un proceso que documente lo que ocurrió: la Nakba de 1948, las guerras de 1967 y 1973, las intifadas, los atentados, el 7 de octubre de 2023, la ofensiva sobre Gaza. No para asignar culpas exclusivas, sino para que el relato del otro deje de ser invisible. Sin ese reconocimiento mutuo, cualquier acuerdo político construye sobre una grieta que tarde o temprano se abre.

Gaza y Cisjordania no son dos crisis paralelas: son dos fases de un mismo proceso. Amnistía Internacional describe lo que ocurre en Cisjordania como limpieza étnica —crímenes de guerra y de lesa humanidad— desarrollándose contra el trasfondo de un genocidio en curso en Gaza [FUENTE: Amnistía Internacional, "Erasing Anything Palestinian", junio 2026]. La propia Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, fue más allá: calificó el genocidio actual como una etapa de un proyecto de eliminación colonial que atraviesa más de un siglo de historia palestina [FUENTE: Albanese, "Genocide as Colonial Erasure", 2026].

Leído así, el genocidio en Gaza no es una excepción que estalló en 2023, sino la fase más intensa y visible de una lógica de reemplazo poblacional que también opera, con otros métodos, en Cisjordania: demolición de viviendas, desplazamiento forzado de comunidades enteras, y expansión de asentamientos declarada como política de anexión.

Ninguna de estas medidas puede ignorar dos realidades que complican todo lo anterior.

La primera es el 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí sobre Gaza que le siguió: ambos eventos endurecieron profundamente las posiciones de ambas sociedades y elevaron el umbral de desconfianza a niveles sin precedentes recientes. Cualquier proceso que no reconozca ese trauma —en israelíes y en palestinos— está construyendo sobre arena.

La segunda es el derecho de retorno de los refugiados palestinos: aproximadamente seis millones de personas y sus descendientes desplazados desde 1948 que reclaman el derecho a regresar a territorios que hoy son Israel.

Ninguno de los cuatro casos históricos examinados en este artículo tiene un equivalente para este problema. Su resolución no tiene modelo conocido, lo que no significa que pueda ignorarse: es precisamente el tema que cualquier proceso de paz tendrá que enfrentar sin atajos.

El horizonte

Sudáfrica enseña que los regímenes de discriminación institucionalizada pueden terminar. Irlanda del Norte enseña que la negociación entre enemigos históricos es posible cuando hay mediación genuina y participación de las bases. Rwanda enseña que el trauma puede procesarse comunitariamente, con todos sus límites. Bosnia enseña que una paz sin causas resueltas no es paz sino espera.

Ninguno de estos casos es una receta. Todos tienen límites cuando se los aplica al contexto israelí-palestino. Pero todos comparten algo: la paz no fue el resultado de un gesto heroico de líderes iluminados. Fue el resultado de condiciones que se construyeron pacientemente, a lo largo de años, desde abajo y desde afuera, antes de que ningún papel fuera firmado.

Esas condiciones no existen hoy en Israel-Palestina. Construirlas es el trabajo de esta generación.

Hay un factor que ninguno de los cuatro casos históricos enfrentó con la misma intensidad: el fanatismo religioso en ambos lados.

Del lado israelí, el sionismo mesiánico —que ve la ocupación de Cisjordania como mandato divino y que hoy tiene representación directa en el gobierno con figuras como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich— no negocia territorio porque considera que ese territorio fue prometido por Dios.

Del lado palestino, corrientes islamistas rechazan cualquier acuerdo que reconozca a Israel porque lo consideran una traición religiosa.

El fanatismo no es un accidente del conflicto: es un actor político con poder real. Cualquier proceso de paz que no contemple cómo limitar su influencia —no su existencia, sino su capacidad de bloquear acuerdos— está ignorando uno de los obstáculos más difíciles de resolver

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