Corte de Santiago ordena debatir si Chile debe juzgar a soldado israelí

En las últimas dos semanas, la Hind Rajab Foundation (HRF) ha reportado avances judiciales simultáneos en Chile, Grecia, Polonia y Estados Unidos, dirigidos contra un soldado, un oficial, una empresa proveedora de explosivos y un ministro israelí. El conjunto ilustra una estrategia de litigio que combina jurisdicción universal, derecho penal interno y obligaciones internacionales, en países distintos y contra actores de distinto nivel: desde un francotirador hasta un ministro en ejercicio.

Chile: la Corte de Apelaciones de Santiago abre el debate sobre jurisdicción universal

El caso chileno se originó en febrero de 2026, cuando la Hind Rajab Foundation presentó una querella criminal por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra Rom Kovtun, un ciudadano israelí de residencia desconocida que, según la querella, se encontraría en territorio chileno. Según la acusación, Kovtun habría actuado como francotirador durante operaciones militares en el Hospital Al-Shifa, en Gaza, contra ciudadanos palestinos.

El 6 de marzo de 2026, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la querella por su propia iniciativa, sin convocar antes a una audiencia.

La Hind Rajab Foundation apeló, y el 1 de junio de 2026 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago —integrada por el ministro Rodrigo Schnettler Carvajal, el ministro suplente Christian Carvajal Silva y el abogado integrante Sebastián Perelló Enrich— revocó esa decisión, de forma unánime.

La Corte no dijo que el juez de garantía se hubiera equivocado en el fondo —es decir, no afirmó que Chile sí tenga jurisdicción universal en este caso—. Lo que objetó fue la forma: el artículo 114 del Código Procesal Penal establece una lista cerrada de motivos por los que un juez puede rechazar una querella sin más trámite, y la falta de competencia del tribunal no es uno de ellos. La Corte ordenó devolver el caso al 8º Juzgado de Garantía para que cite a esa audiencia.

La discusión de fondo enfrenta dos lógicas. Por un lado, Chile ratificó en 1951 los Convenios de Ginebra, que obligan a los Estados parte a juzgar a cualquier responsable de crímenes de guerra graves que se encuentre en su territorio, sin importar su nacionalidad ni el lugar donde cometió el hecho. Es lo que se conoce como jurisdicción universal pura, y la Ley 20.357 incorporó ese estándar al derecho chileno.

Existe además jurisprudencia consolidada en este sentido: la Corte Suprema ha aplicado reiteradamente los Convenios de Ginebra para juzgar crímenes de la dictadura militar, estableciendo que no se pueden amnistiar ni prescriben con el tiempo. El caso Kovtun sería la primera vez que un tribunal chileno deba resolver si esa misma obligación se extiende también a extranjeros que cometieron crímenes en el exterior y que solo están de paso por el país.

Por otro lado, está el criterio de territorialidad que rige el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales: la regla general de que los tribunales chilenos solo pueden juzgar delitos cometidos dentro de Chile, salvo las excepciones puntuales que la propia ley enumera —y esa lista no incluye, por ahora, los crímenes de guerra cometidos por extranjeros en el extranjero—.

La propia Corte de Apelaciones de Santiago describió esta tensión como "discutible" y reconoció que el principio de jurisdicción universal "parece pugnar" con el de territorialidad —sin inclinarse por ninguno de los dos—. El abogado querellante calificó la futura audiencia como una oportunidad para que Chile se ponga al día con los tratados internacionales que ha ratificado en esta materia.

Chile ratificó los Convenios de Ginebra en 1951 y, más tarde, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: ambos tratados obligan a los Estados parte a juzgar a los responsables de estos crímenes cuando se encuentran en su territorio, o a entregarlos a un país que sí los juzgue.

Permitir que ese compromiso se diluya frente a un obstáculo de redacción legislativa —el hecho de que el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales no enumere expresamente este supuesto— equivaldría, en la práctica, a convertir a Chile en un refugio seguro para personas señaladas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, mientras el país invoca esos mismos tratados para exigir justicia por las violaciones cometidas durante su propia dictadura. La coherencia de esa posición depende, en buena medida, de lo que se resuelva en este caso.

Grecia, Polonia y Estados Unidos: los otros frentes abierto

Además del caso chileno, la Hind Rajab Foundation ha desplegado acciones legales simultáneas en al menos tres países más, evidenciando una estrategia de litigio transfronterizo.

En Grecia, una investigación penal contra el mayor israelí Yair Ohana —acusado de genocidio y ataques contra bienes civiles durante la destrucción de los barrios de Netzarim y Jabaliya— sigue activa desde septiembre de 2025, y recientemente se han aportado nuevas pruebas al expediente. En Polonia, la fundación presentó junto a la FIDH y el European Legal Support Center la primera querella criminal contra la empresa estatal Nitro-Chem, mayor productora de TNT de la OTAN, por suministrar explosivos a fabricantes israelíes a sabiendas de su uso en Gaza, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia advirtiera sobre un riesgo plausible de genocidio.

Por su parte, en Estados Unidos, la HRF solicitó al Departamento de Justicia que investigue al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, por crímenes de guerra y genocidio, invocando la Ley de Crímenes de Guerra y el Estatuto de Genocidio estadounidense, justo antes de su visita a Nueva York. Estas acciones —dirigidas contra un francotirador, un oficial, un proveedor industrial y un ministro en ejercicio— demuestran que la fundación no solo persigue a individuos en países con legislación de jurisdicción universal, sino que también explora vías como la responsabilidad de empresas y la inmunidad de altos funcionarios, con el objetivo común de evitar que quienes hayan participado en crímenes de guerra encuentren impunidad en cualquier territorio donde se encuentren.

Qué es la Hind Rajab Foundation

La Hind Rajab Foundation es el brazo legal del Movimiento 30 de Marzo, organización sin fines de lucro con sede en Bruselas, Bélgica, registrada formalmente en septiembre de 2024. Lleva el nombre de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años muerta en Gaza en enero de 2024 junto a seis familiares y dos paramédicos que intentaban rescatarla, en un episodio atribuido a las Fuerzas de Defensa de Israel.

La fundación se dedica a documentar, mediante fuentes abiertas —principalmente publicaciones de los propios soldados en redes sociales, testimonios y reportes de Naciones Unidas— presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza, y a presentar querellas y denuncias penales contra los responsables en jurisdicciones donde estos se encuentren o tengan nacionalidad. Ha presentado acciones legales en al menos ocho países contra unos 28 individuos, además de una denuncia colectiva ante la Corte Penal Internacional contra mil soldados israelíes en octubre de 2024.